Boliviako Justizia ministro Casimira Rodriguezen kasua, behinik-behin, deigarria da oso. Casimira, neskato ketxua txikia zenez geroztik, etxeko lanetan ibili zen, baina enplegatu zuen familia salatzea erabaki eta hori zeregina aldatzeko urrats erabakigarria gertatu zitzaion, harrezkero etxeko emakume langileen sektorearen defentsan aritu baitzen, harik eta Evo Moralesek Gobernuan sartzeko deitu arte. Aldarri horri eusten dio ministerioko bulegoan dagoela ere, eta, horregatik, XX. mendearen lehen laurdenean Boliviako emakume langileen eskubideak babesteagatik nabarmendu zen 'Petronila andrearen' erretratuarekin ageri zen webgune honek iragan abuztuan egin zion elkarrizketaren bukaeran. Texto en castellano.

Cualquier ministerio del Primer Mundo ofrece abundantes signos de boato; en el Ministerio de Justicia de Bolivia, no. En cualquier dependencia ministerial del Norte los equipos entrantes heredan de los salientes edificios y recursos; no es el caso de la que dirige en el centro de La Paz Casimira Rodríguez, mujer quechua antigua luchadora por los derechos de las empleadas de hogar: un ascensor averiado recibe al visitante e invita a subir al quinto piso, recorriendo en el ascenso todo un enjambre de legajos apilados en montones, huérfanos de la más simple estantería. Este es el ejemplo de un Estado saqueado hasta el final por años de neoliberalismo devastador. Un sistema que arrampló desde el material de oficina hasta el arsenal de defensa que un ministro vendió antes de salir corriendo.

No es un ministerio al uso el de Justicia. En el recibidor, a escasos metros del despacho oficial encontramos un grupo de indios guarayos, a la espera de resolver un conflicto de tierras. Polleras y olor a hoja de coca invaden el ambiente. De pronto se abre la puerta y nos topamos con una mujer de sonrisa dura y mirada aún más. Casimira posa junto a un retrato de una luchadora social del Bolivia de los años 30: doña Petronila. Demandó la jornada de 8 horas de trabajo para las empleadas de hogar, luchó para que las indias pudieran subir al transporte colectivo como uno más y reivindicó el reconocimiento a todos los niveles de este tipo de trabajo. Formó parte de los albores del movimiento por los derechos de trabajadores y trabajadoras.

¿Qué significado político tiene que una luchadora social por los derechos de las empleadas de hogar sea nombrada ministra de Justicia? 

Es un todo un reconocimiento al sector, un sector que ha sido muchas veces discriminado y despreciado, idea que viene del sentimiento de la colonia, algo así como que ‘el servicio doméstico es lo último’. Así que el hecho de que me nombraran ministra ha dignificado ese sector, pero no solo al sector, sino que también a la mujer en general, a la indígena en particular y a los movimientos sociales.

Usted denunció, en su época de trabajadora del hogar, a su empleador. ¿Cómo recuerda aquel momento?

En mi caso la familia que me empleó incurrió en engaño, manejo psicológico e impago de salario. Y cuando comienzo a reivindicar mi salario, la autoridad, que no puede ignorar el caso, empieza a decirme que se han perdido documentos, etc. Fue una muestra de injusticia con mi sector y conmigo. Fue una frustración para mi que ocurriera aquello, después de hacer un trabajo de más de 16 horas diarias…

El debate en torno a la justicia comunitaria, basada en los usos costumbres de los pueblos originarios, es central. En el mes de julio de 2003 ocurrió en la comunidad de Cota-Cota (cantón de Pucarani) un hecho que fue clave para el levantamiento indígena de octubre que derrocara el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Allá tuvo lugar un cabildo para juzgar a dos ladrones de ganado, atrapados in fraganti. La zona ya estaba caliente por cuanto las autoridades institucionales no atendían las quejas por robos de los últimos meses. Los ladrones fueron ajusticiados el 20 de julio, y, tres días después, la Policía aparecía en el ligar para abrir investigaciones. El día 27 una jueza de Pucarani ordenaba detener al secretario general de la central campesina de la comunidad, Edwin Huampu, acusado de asesinato. A partir de ese momento, la demanda de libertad para Huampu fue una de las espoletas que precipitaron la revuelta de octubre.

La justicia comunitaria tiene aspectos contradictorios con la occidental: la comunitaria busca el reequilibrio con la comunidad y la occidental preservar la propiedad privada; la occidental busca el castigo en lo referente a la ejecución penal, y la comunitaria el resarcimiento a la comunidad. ¿Es posible hacer converger las dos justicias, tal y como ustedes proponen?

La justicia comunitaria recoge aquella sabiduría de nuestros pueblos originarios para administrar sin normas escritas, pero con perfiles de autoridad moral muy fuertes. Si hoy comparamos la comunitaria y la ordinaria, ésta se ve con muchos defectos: retardada, con privilegios, sumida en la corrupción, etc. La justicia comunitaria no tiene cárcel, cosa que en la ordinaria sí que existe, y no sólo eso, sino que la solución es la propia cárcel, y, al final, en vez de resolver, aumenta el problema. Estamos, de todos modos, viendo las dos caras de los dos tipos de justicia, también las de la comunitaria. El objetivo final que tenemos es que las dos justicias tengan el mismo valor, porque hay casos como un crimen donde es necesario abrir investigaciones y que la ordinaria actúe, pero, en general, creemos en la complementariedad de las dos justicias, pues la intención no es eliminar la ordinaria, sino que la comunitaria mejore la ordinaria y que la comunitaria no sufra del desprecio a que se ha sometido hasta la fecha.

O sea que la justicia comunitaria quedaría fuera de algunos tipos de delitos, digamos, más graves.

En caso de violaciones o drogas actuaría la ordinaria, o también, pongamos por caso, si se encuentra un cadáver y hay que actuar al respecto. Pero yo entiendo que la comunitaria atiende un amplio espectro de problemas: tierras, herencias, robos o peleas en la comunidad, por ejemplo, casos en los que puede actuar la comunidad bajo el consejo de los ancianos, aparte de la autoridad, con castigo ejercido con el permiso de la comunidad y de un modo muy calculado, sin excesos.

El vaciamiento del Estado se puede percibir especialmente bien en aspectos como la administración de justicia: los famosos muñecos colgados de El Alto, los ajusticiamientos populares en aquellos espacios donde el Estado hace tiempo que desertó.

Eso suele ocurrir cuando no hay respuestas por parte de la justicia, como en el caso de linchamientos. Pero la justicia comunitaria es algo totalmente diferente, porque los casos de linchamientos tienen que ver con el retardo en la acción de la justicia en casos de inseguridad ciudadana o en injusticias que se cometen pero que no se llegan a resolver. Pero lo de los muñecos lo entiendo más como expresiones de protesta.

Usted ha sido una luchadora social. ¿Cree que los movimientos sociales pueden implementar cambios efectivos en la sociedad o cree que es el Estado el instrumento de cambio?

Es necesario que los movimientos sociales entren dentro de una cultura determinada. Mi experiencia en el sector de empleadas de hogar fue que nosotras creamos nuestra propuesta, y, en función de ella, luchamos. Y ahora mismo es necesario que los movimientos trabajen sus propuestas según las necesidades que ven, para poder viabilizarlas luego a través del Gobierno. Es la única manera de hacer llegar los cambios beneficiosos para los diferentes sectores. En las instituciones no estamos super-hombres ni super-mujeres, y se necesita que lleguen propuestas desde las organizaciones. A éstas les estamos haciendo llegar el mensaje de que hay que pasar ‘de la protesta a la propuesta’. Esto cuesta, no es sencillo, porque se está acostumbrado a ‘si no me das esto, yo bloqueo y hago paro’.

¿Qué posibilidades ve de que el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada pueda ser extraditado y juzgado en Bolivia por los crímenes perpretados durante su mandato?

Hay un pedido fuerte por parte de los familiares, y es justo, porque hay heridas sin curar todavía. Por otro lado, la responsabilidad económica no se está tocando. Hay también una iniciativa para ayudar a los familiares, pues el expresidente está haciendo, digamos, una contra-campaña, presentándose como perseguido político, y eso no es cierto: hablamos de más de 70 muertos y 400 heridos, y encima con un grave perjuicio económico al país. Se ha visto un video que muestra cómo en determinados días de octubre (de 2003) se saca una cantidad de plata del país, pero nadie responde a esto. Hay, pues, una deuda al Estado, y luego otra con los familiares. Y la exigencia de justicia de los familiares es necesaria. El Ministerio da su solidaridad y apoyo para todo ello. El expresidente debe ser juzgado acá, es de toda justicia. Debe responder al país y a las familias.