El referéndum celebrado en Ecuador sobre la pertinencia de habilitar una Asamblea Constituyente que redacte un nuevo texto constitucional recogió una abrumadora respuesta favorable por parte del electorado del país andino. Volvemos a citar en esta página al economista Pablo Dávalos para que nos aporte su reflexión, siempre crítica con el devenir socio-político ecuatoriano. Nuestro interlocutor piensa que el voto emitido muestra “la aspiración de cambiar las reglas de juego político”, pero cree que este camino debe transitarse con las energías que aporte un “fuerte proceso movilizatorio” que, en su caso, garantice cambios reales y no cosméticos. Ahora bien, no ve condiciones para esa movilización, toda vez que el “movimiento social se encuentra desplazado por dinámicas electorales”. Esta entrevista ha sido recientemente emitida por la radio libre Hala Bedi Irratia.

¿Qué lectura haces del resultado del referémdum sobre la Asamblea Constituyente recientemente celebrado?

El sí recoge la aspiración de cambiar las reglas de juego político. El resultado supera toda expectativa y se sitúa en torno a un 83%, o sea, una victoria espectacular. Esto significa el colapso de un sistema político creado en Ecuador en 1979, cuando el retorno al la democracia; ese sistema es el encargado de procesar la reforma neoliberal. Así que el resultado demuestra un triunfo contundente del pueblo contra el modelo neoliberal. Debe entenderse como el producto de toda una movilización de la sociedad contra un modelo que destruyó el empleo, concentró la riqueza y provocó profundas contradicciones sociales. Pero el tema de debate ahora es cómo se presenta el recambio a ese modelo neoliberal.

¿Hasta qué punto supone este resultado un respaldo al presidente Rafael Correa?

Es un respaldo, pero no tanto al presidente Correa, sino a una propuesta que ya hizo el movimiento indígena en 1990, para reformar el sistema político y hacer un Estado plurinacional, incluyente, de derechos diferenciados para toda la población. Sobre esa base se hicieron movilizaciones en los 90 y también desde el año 2000. No es solamente el apoyo al presidente, sino el resultado de un proceso de fuertes movilizaciones. Porque, efectivamente, la organización indígena no forma parte del Gobierno, ni siquiera tiene una alianza electoral de ningún tipo con él, pero, a pesar de ello, impulsó importantes movilizaciones en el centro del país por el sí a la Asamblea Constituyente, y otras organizaciones hicieron lo propio. Es decir, el sí recoge un acumulado de organizaciones sociales que quieren y exigen un cambio tanto en el sistema político como en el económico.

Se ha interpretado el resultado como un golpe a la derecha y como un desafío a las elites. ¿Por qué y cómo puede jugar la derecha en los próximos tiempos?

La primera opción de la derecha fue la confrontación. Pensaban que podían generar márgenes para tener presencia en la Asamblea que les permitiesen acotar las posibilidades del cambio real en el país. Pero al ser un pronunciamiento tan contundente por cambiar las reglas del juego, la derecha opta por replegarse, así que la derrota de la derecha es fuerte, pero hace un repliegue estratégico: la derecha ha recibido un golpe, pero las relaciones de poder y el modelo oligárquico, la institucionalidad neoliberal, todo eso no se han transformado de la noche a la mañana, aunque se haya podido abrir un camino. Pero la derecha esta reaccionando, y una de las cuestiones que preocupan es la capacidad mimética de la derecha; eso significa que los sectores más recalcitrantes que se opusieron a la Asamblea han salido derrotados, pero los sectores más modernos, los que procesan el cambio, se están mimetizando y van a participar en la Asamblea con otros membretes pero con la misma idea de imposibilitar los cambios del sistema. Estamos viendo la proliferación de nuevos partidos, con nuevos cuadros de la derecha, sobre todo, banqueros que dejan los bancos para asumir un rol más político, medios de comunicación o empresarios que asumen un rol más político, etc. Este será uno de los puntos que ameriten una discusión en la coyuntura política del país: hasta qué límite la Asamblea que se va a habilitar tendrá espacios para el cambio del sistema neoliberal, habida cuenta de que habrá representación de la derecha mimetizada en nuevas estructuras.

¿Crees que se podrán implementar cambios reales a raíz de este proceso constituyente?

Creo que no, porque en este caso el texto constitucional debe estar acompañado por un contexto de movilización social. Sólo que exista un fuerte proceso movilizatorio se podrán garantizar cambios reales en las relaciones de poder. En caso contrario vamos a tener un texto separado del contexto, algo muy habitual, por lo demás, en América Latina: el texto dice una cosa y el contexto es totalmente diferente. Durante la colonialidad en el continente se desarrolló una práctica muy común, pues se acataban las leyes pero no se cumplían. Hay, así, una distancia estratégica entre los textos codificados en las leyes y las formas de ejecutarlos. Así que la nueva Constituyente puede aprobar un texto que, si no se garantiza por un proceso de luchas, será finalmente algo sin trascendencia.

¿Y se puede vislumbrar un proceso de movilizaciones en el país?

Pienso que no, que el movimiento social está siendo desplazado por las dinámicas electorales. Porque la votación por el sí es tan contundente que no se ve como una votación social sino como un respaldo al presidente. Ello podría ser pues fue el presidente quien llevó adelante este proceso, pero podría ser que cuando se definan las listas para la Constituyente el partido que maneja la presidencia tenga todas las posibilidades de manejar las mayorías y excluir las organizaciones porque no las necesita, y no las necesita porque el apoyo es tan alto que puede decirle al entramado social que no los necesita, hacerlos a un lado y correr solo a las elecciones, y, además, ganar. Ello significa que el Gobierno va a tener todos los votos para llevar adelante la propuesta y que no necesita de las organizaciones sociales para ello. Esto es al tiempo una virtud y un defecto de la democracia liberal, y en el caso de Ecuador va a significar la exclusión de hecho y de derecho de las organizaciones.

Hasta ahora, en los procesos abiertos en Latinoamérica, siempre se busca reconstruir el Estado, jugar dentro de las reglas del sistema neoliberal. Pero ¿no se puede ir más lejos en este tipo de contextos de cambio abiertos en el continente?

Pienso que sí, que se puede, y que se debería ir más lejos. Pero América Latina está entrando en un agotamiento de los discursos alternativos por diversas circunstancias. Por ejemplo, porque el Gobierno brasileño ha procesado la reforma neoliberal en el marco de los derechos de los trabajadores, tan neoliberal como si de Fernando Henríquez Cardoso se hubiese tratado, aunque con una retórica de legitimación que apela al discurso de la izquierda. Por ejemplo, en Venezuela, el clientelismo del Estado ha fomentado las redes de asistencialismo, sustento básico de la política del Gobierno. En Bolivia el proceso constituyente es el punto de llegada del camino abierto por las movilizaciones iniciadas en 2000, proceso que coge etapas donde lo más importante es la participación de organizaciones sociales que entran a definir un nuevo contrato social, a diferencia de Ecuador o Venezuela, donde la Constituyente no es un punto de llegada sino de partida, construido desde la institucionalidad del Estado, donde hay elementos contradictorios: se habla de socialismo del siglo XXI, son críticos con el FMI, pero también procesan la reforma neoliberal expresada, por ejemplo, en los ejes multimodales del IIRSA (Integración de Infraestructura Regional de Sudamérica) o el asistencialismo construido desde las redes clientelares del BM. Por eso pienso que hay que ir más allá, y ese ir más allá, esa respuesta está en manos de las organizaciones sociales del continente: en el MST, en el movimiento indígena chileno, ecuatoriano, etc., que están concentrándose en una discusión de un punto fundamental: el Estado plurinacional. Es decir, estas reformas constituyentes pueden ser el espacio para discutir el Estado plurinacional como un Estado que permita la inclusión en un modelo diferente de gestión de pueblos, naciones, etc., pero, además, de prácticas sociales diferenciadas. Las organizaciones sociales deberían participar con fuerza, como hacen en Bolivia, incluyendo su agenda de debate en la Asamblea Constituyente. Ese es el riesgo en Ecuador, que la Asamblea excluya los grupos sociales, y excluya, en consecuencia, elementos fundamentales del debate.

¿Dónde se sitúa el movimiento indígena dentro de todo este tablero político que nos relatas?

El movimiento indígena se sitúa en la clave de resistencia, al modelo neoliberal y al sistema capitalista. Hoy está amenazado por un modelo que no tiene ninguna consideración respecto a sus formas de vidas ancestrales. Y en el caso ecuatoriano es más grave todavía, pues aquí está en discusión la nueva Asamblea Constituyente, la enorme respuesta favorable del pueblo, etc., pero también lo está la supervivencia física de los últimos pueblos en aislamiento voluntario: son pueblos de la Amazonía del Ecuador que no tienen ningún contacto con la modernidad occidental. Hay un estatuto que los protege, hay leyes que protegen el territorio donde habitan los taromenane y tagaeri. Pero hoy el Gobierno de Correa, el mismo que es crítico con el FMI o el BM va a hacer tabula rasa de las leyes que protegen a los indígenas y a sus territorios, y ha abierto un proceso de licitación internacional para la explotación petrolera del parque natural donde habitan los últimos pueblos no contactados. Esto se llama etnocidio. Entonces, es difícil pensar en qué esquemas o marcos teóricos situar un Gobierno que adscribe a la izquierda, pero que, por otro lado, fomenta el etnocidio.