Como era de prever, los acontecimientos de Cochabamba y -previsiblemente- de La Paz, hacen ver que las organizaciones sociales e indígenas (verdaderas protagonistas del cambio en el pais andino) no están dispuestas a esperar con los brazos cruzados a que la reacción q´ara y oligarquica les arrebate el terreno ganado con tanta lucha y sufrimiento. La tradición aymará y quechua propone la revocación popular de los cargos electos que no cumplen o traicionan el mandato del pueblo, esta revocación se lleva a cabo en asamblea. Eso es, ni más ni menos, lo que ha sucedido en Cochabamba y puede suceder en La Paz. Ante esta situación el gobierno de Morales intenta encauzar institucionalmente esa tradición, y las demandas populares, con el establecimiento de refrendos revocatorios legales y desconociendo el gobierno popular cochabambino. Habrá que esperar atentos los acontecimientos pero todo parece indicar que la paciencia del pueblo ante la arrogancia de la oligarquía se está agotando y el gobierno deberá, por tanto decidir, de que lado colocarse.

Obreros, cultivadores de coca y sindicalistas de Cochabamba confirmaron en asamblea su firme voluntad de desplazar al gobernador Manfred Reyes Villa por promover la autonomía de la mitad de Bolivia, una situación explosiva que se expande a otras zonas del país.

Tras 10 días de conflictos callejeros en el central departamento de Cochabamba, el efecto político impacta en los vecinos departamentos de La Paz, donde también se exige la renuncia de su prefecto (gobernador) José Luis Paredes, y de Santa Cruz, en el que surge un movimiento social para enfrentar al empresariado y sectores de clase media impulsores de la autonomía.

La adhesión de Paredes a la postura de Reyes Villa y de los cuatro departamentos orientales tradicionalmente autonomistas desencadenó la demanda de su renuncia inmediata de parte de sindicatos y organizaciones sociales de la localidad de El Alto, contigua a la ciudad sede del gobierno nacional, también denominada La Paz.

Los sindicatos de El Alto dieron un plazo de 48 horas, que vence este miércoles al mediodía, para que dimita Paredes bajo la amenaza de desatar una gran movilización para desalojarlo del cargo.

Estas organizaciones de trabajadores y otras de la sociedad civil fueron protagonistas de la revuelta que en octubre de 2003 llevó a la renuncia y fuga del país del entonces presidente, el derechista Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003), en lo que se conoció como la "guerra del gas". Se trabó la venta de ese combustible a América del Norte en condiciones muy desventajosas.

El presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Guillermo Vilela, realizó en la tarde de la víspera diferentes gestiones para intentar un acercamiento entre Reyes Villa, que se refugió en la ciudad de Santa Cruz, y los sectores sociales que reclaman su renuncia.

"Logramos compromisos de no agresión para crear las condiciones de diálogo", explicó finalmente Vilela a IPS.

Es que una segunda asamblea popular (cabildo), que se realizó en las últimas horas del martes en la Plaza 14 de Septiembre, de Cochabamba, con la presencia de varios miles de manifestantes, desconoció la autoridad de Reyes Villa y reclamó ahora su enjuiciamiento por la violencia desatada la semana pasada y por los cuales el gobierno lo responsabiliza.

La chispa de este incendio social se prendió a fines de diciembre, cuando Reyes Villa se pronunció a favor de la "independencia" del oriental departamento de Santa Cruz y demandó un nuevo referéndum en la región para conocer la opinión actual de la ciudadanía respecto de una mayor descentralización económica y política (autonomía) de toda la región oriental de Bolivia.

Aunque este prefecto aclaró que su propuesta no se orientaba a la división territorial, fuerzas sindicales y del llamado movimiento social respaldadas por el Movimiento al Socialismo (MAS), liderado por el presidente Evo Morales, iniciaron una campaña y marchas desde el 8 de este mes para exigir su renuncia al cargo.

La presencia de miles de agricultores y campesinos en las calles de la capital departamental, también llamada Cochabamba, sumado al intento de incendiar la sede del gobierno local, desató la reacción de parte de la clase media y partidarios de Reyes Villa, de tendencia derechista, que enfrentaron a los manifestantes con el saldo de un joven de la ciudad y un campesino muertos.

Mientras observadores políticos afirman que esta lucha se explica como un forcejeo entre el MAS y el prefecto de Cochabamba, por el control de la región, la demanda por autonomía estimuló a la conformación de un grupo de seis prefectos que postulan la defensa a la libre expresión consagrada en la Constitución de Bolivia.

Los prefectos de seis de los nueve departamentos en que se divide el país se unieron y desafiaron al presidente Morales a respetar su autoridad surgida de las elecciones de diciembre de 2005.

Reyes Villa y Paredes se sumaron a los prefectos Rubén Costas, de Santa Cruz, Ernesto Suárez, de Beni, Leopoldo Fernández, de Pando, Mario Cossío, de Tarija, los cuatro distritos que impulsan la separación de la autoridad central desde antes de asumir Morales, en enero de 2006.

En el referéndum realizado el 2 de julio, la opción por la autonomía ganó en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, también denominados en conjunto como la "media luna", mientras que en La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca se impuso el no a esta separación.

El dirigente y parlamentario del MAS Omar Fernández expresó en el cabildo de Cochabamba que la lucha que libran los sindicatos de este departamento es una disputa entre "ricos y pobres", y anunció que "la unidad del pueblo para derrotar a la derecha" se repetirá en Santa Cruz de la Sierra.

Desde la semana pasada, esta tropical ciudad vive en tensión por el surgimiento de grupos de inmigrantes de la zona altiplánica que pretenden crear un municipio en el área que habitan y proclamaron la defensa de la unidad nacional frente a las corrientes favorables a las autonomías representadas por empresarios y sectores de clase media.

El Comité Cívico Pro Santa Cruz, integrado por empresarios, profesionales y otros sectores acomodados, celebró también el martes por la tarde un cabildo de respaldo al prefecto, pero horas antes denunció un atentado con bombas de gas lacrimógeno contra su sede principal y el pintado de leyendas de amenaza contra su presidente, Germán Antelo.

El Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, informó a IPS que su despacho preparó todos los detalles y las condiciones de seguridad para iniciar un diálogo entre Reyes Villa y las organizaciones sindicales que permanecen en vigila alrededor de la Plaza 14 de Septiembre desde la semana anterior.

Pero al atardecer de la víspera, los esfuerzos de las organizaciones defensoras de los derechos humanos y el Defensor del Pueblo parecían debilitarse por la furia y el sentimiento de rechazo a la autoridad departamental.

Como un aporte a la solución del conflicto, el prefecto de Cochabamba declinó en su propuesta de convocar a nuevo referéndum sobre autonomía, pero los manifestantes habían rebasado a sus dirigentes y no retiraron el reclamo de renuncia.

Morales anunció la semana pasada un proyecto de ley para crear una modalidad de referéndum revocatorio de las autoridades elegidas para someter a consideración de la ciudadanía la continuidad o no de alcaldes, prefectos y hasta de la propia presidencia de Bolivia para casos de violación de derechos humanos, corrupción e incumplimiento de promesas electorales.

Los prefectos departamentales opositores al gobierno nacional de Morales, el primer presidente indígena en la historia de este país con mayoría de habitantes de ese origen, expresaron su apoyo a la iniciativa, pero el trámite en el Congreso Nacional legislativo tomará al menos unos 90 días y no responde de inmediato a la crisis de Cochabamba y a la que se anuncia en La Paz.

Prensa Latina

Un gobierno paralelo funge desde hoy en este central departamento boliviano, designado por los sectores sociales que decidieron desconocer al prefecto (gobernador), Manfred Reyes, ausente de su cargo a consecuencia de la presión popular.

El "gobierno revolucionario" quedó constituido por casi 30 representantes de igual número de sindicatos y organizaciones que, desde hace dos semanas, mantienen prácticamente tomada la ciudad.

La decisión fue tomada la víspera en un cabildo popular, realizado en la plaza central con la asistencia de alrededor de 30 mil personas, entre ellas productores de coca, campesinos y de los barrios populares de la capital.

Los oradores censuraron a Reyes por haber traicionado a la población cochabambina, por actos de corrupción y de incumplir sus compromisos electorales.

Conocido el resultado del cabildo popular, el gobierno boliviano llamó a la calma a los movimientos sociales y dejó claro que no tiene nada que ver con la decisión y por el contrario continúa reconociendo a Reyes como máxima autoridad.

Los sectores sociales afirmaron respetar las decisiones del ejecutivo, pero reiteraron que no renunciarán a sus exigencias sobre la necesaria salida de Reyes.

De acuerdo con Víctor Mitma, secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD), se cumplirá el mandato del pueblo de destituir al gobernador.

También ratificó que las más recientes movilizaciones son una reacción total frente a las provocaciones del prefecto.

Omar Fernández, uno de los dirigentes de los cultivadores de hoja de coca en el Chapare, la masa principal de los manifestantes, señaló que las determinaciones de las organizaciones sociales van más allá de las leyes.

Según Fernández, el gobernador cochabambino ha cometido una serie de ilegalidades, como querer hacer un referendo autonómico ignorando los resultados de una consulta similar realizada el pasado 2 de julio.

Altos funcionarios de Palacio Quemado, entre ellos el vicepresidente de la República Alvaro García y el ministro de la presidencia Juan Ramón Quintana, han ofrecido garantías a Reyes para que retorne a Cochabamba, en calidad de prefecto.

Reyes se encuentra refugiado en la oriental ciudad de Santa Cruz, decidido a no regresar a su departamento hasta tanto se retiren los movimientos sociales, que desde hace más de dos semanas ocupan las principales puntos de la urbe cochabambina.