La reciente visita de Bush a Colombia es el mejor indicador de que la guerra va a continuar. Sus cuatro largas décadas de existencia, lejos de aclarar posicionamientos, levantan una muralla de rutinización y desinformación. Por eso, hoy más que nunca se necesita una mirada amplia que dé cuenta tanto de los actores implicados como de la historia recorrida. Las líneas que siguen apuntan en esta dirección; presuponen que para pensar en el futuro es necesario observar el presente como consecuencia del pasado, y proponen el conocimiento de la problematicidad en toda su crudeza como primer paso para mirar hacia delante.

La última lágrima es como los habitantes de La Gabarra denominaban a la furgoneta en que los paramilitares introducían a sus víctimas. Última porque todos conocían el fatal desenlace, y lágrima, en singular, porque expresar dolor por quienes observaban la escena equivalía a comprar un pasaje para el próximo viaje. La carta de presentación de los 2000 paramilitares del Bloque Catatumbo de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) que llegaron a dicha población en agosto de 1999, fue el asesinato en una sola noche de 54 personas instalando así el terror como disciplina. Desde entonces, la motosierra se convirtió en una de las modalidades de muerte, estaba prohibido recoger los cadáveres que el río Catatumbo sacaba a la superficie (tan frecuentes que la gente dejó de comer pescado por prejuicios caníbales), muchas mujeres tuvieron que elegir entre la violación o la muerte, la mitad de la población, unas 10.000 personas, se vieron obligadas a desplazarse, y –lo peor- todo ello ocurría con el consentimiento del ejército que instalado en lo alto del pueblo observaba el discurrir de los acontecimientos. La Vicepresidencia de la República estima en 3.000 las muertes violentas en la zona desde la citada fecha, 50 de ellas achacables a las FARC como revancha por colaboracionismo cuando los paramilitares abandonaron la zona.

Hoy el Catatumbo es solo uno de los sectores calientes de Colombia donde existe una lucha a varias bandas (a los paramilitares hay que sumar unos 2.000 guerrilleros entre Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Ejército Popular de Liberación (EPL)) por el control territorial y de la coca, que a pesar de las fumigaciones aéreas del Plan Colombia, sigue floreciente. Prueba de la persistencia del conflicto es que nadie quiere identificarse para denunciar las masacres, con lo que los muertos, además, quedan condenados al olvido. Mientras, Mancuso -ex jefe de los paramilitares que dirigió las operaciones en la zona- desde la cárcel, confirma las masacres de sus hombres y pone números al dinero que, proveniente de la coca, pagaba a la fuerza pública del gobierno..... En paralelo, y en parámetros mundiales, Colombia vive el drama de ser superado sólo por Sudán en refugiados y desplazados (tres millones de excluidos), por Chechenia y Palestina en años de conflicto, y de estar a la cabeza en número de sindicalistas asesinados (5000 en diez años). Su drama “interno” no es menor: más del 60% de la población por debajo del umbral de la pobreza, (estos días la prensa informa de la muerte de decenas de niños en el Chocó por desnutrición) miles de prisioneros y secuestrados, narcoparamilitares apropiándose de las escasas tierras de los campesinos, extinción de grupos indígenas por reivindicar sus derechos, o el destape de las redes de corrupción y muerte en las más altas esferas de la política (encarcelamiento de diputados, directores de policía, gobernadores, y ministros) que muestran la relación del poder con los paramilitares y narcotraficantes.

Los estrategas bélicos designan con la metáfora “niebla de la guerra” a ese momento de la batalla en que ni los contendientes ven con claridad su posición con respecto al contrario. Algo así está sucediendo en Colombia en este momento. Es difícil saber la posición de cada contrincante, (posiblemente ni ellos lo tengan claro) y el intento de comprensión se agrava aún más porque los implicados son muchos y juegan a varias bandas. La niebla nos hace caer en un círculo cerrado al oscurecernos los límites entre narcotraficantes y paramilitares, entre paramilitares y gobierno, entre gobierno y guerrilla (en cuanto a soberanía), y entre guerrilla y narcotraficantes, que a su vez nos remite a la guerrilla....En muchas ocasiones es complicado saber quién ha hecho qué cosa a quién, e imposible conocer sus motivaciones. Para no perdernos demasiado es imprescindible retomar una perspectiva histórica, así como tratar de diferenciar entre la parte ideológica que guía las actuaciones de los contendientes, y las estrategias que van utilizando. Aún así, como veremos, los implicados se escurren de tal manera que dificultan ya de entrada el puzzle colombiano, y problematizan su terminación, pues hay piezas que no encajan de ninguna manera dentro de una marco común.

NO TODAS LAS GUERRILLAS SON IGUALES

Aunque nadie discute que las FARC son el movimiento guerrillero más antiguo (e importante) del mundo, ambas, FARC y ELN nacen en 1964 en apoyo de los grupos de autodefensa que trataban de contrarrestar la violencia que venía del poder dominante; surgen en zonas rurales donde a la pobreza y la precariedad social se añade el abandono sistemático de la presencia estatal con las carencias que ello conlleva. Las FARC, ya desde que Marulanda (alias Tirofijo) las fundara, se movieron en la ortodoxia marxista-leninista (en colaboración pero con independencia del P.C.) asimilando también ideas bolivarianas como la integración de los países andinos y la lucha frente a EEUU. Desde el principio, la mayoría de sus integrantes eran campesinos de subsistencia, y en sus bases de apoyo también contaron con indígenas, afrocaribeños, desplazados, sindicalistas y sectores urbanos. Los elenos (ELN), fundados por Nicolás Rodríguez (alias Gabino) surgen de una clase media descontenta (universitarios, sindicalistas y campesinos) admiradores de la revolución cubana e influenciados por la Teología de la Liberación a través de los curas Camilo Torres y Manuel Pérez. (Su marxismo filocubano y filocristiano nunca fue bien visto por los marxistas leninistas.)

Los dos grupos son conscientes de que únicamente con apoyo popular pueden aspirar a la soñada sociedad socialista, y de hecho una de sus prioridades es diseñar, proteger y normalizar sus respectivas comunidades, que a su vez son el caldo de cultivo de sus combatientes. Pero mientras en las FARC prevalece el aspecto militar sobre el civil y su relación con las bases es más vertical que horizontal, el ELN hizo un esfuerzo suplementario por construir un tejido social basado en una democracia interna y en el reconocimiento de las diversidades identitarias y variedades de estructuras político-militares de cada región. Con ello consiguen un “poder de doble cara” que les da la ventaja de tener dos frentes de lucha, el político y el militar, y contar con un paracaídas de emergencia en caso de que uno de ellos fuera derrotado. El precio a pagar ya desde el inicio, además de los graves problemas de subsistencia que tuvieron que afrontar (labraban la tierra a la vez que secuestraban y asaltaban bancos), era el de la fragmentación interna. Por eso, mientras las FARC progresaban espectacularmente a lo largo de los noventa, ellos, al inicio de la década habían tocado cima. Es cierto también que en esta diferencia hay una parte de estrategia: mientras las FARC buscaban ampliación y dominio territorial, los elenos se centraron más en la consolidación de lo conseguido. Hoy, los primeros cuentan con unos 15000 combatientes y los segundos con 4000, y entre los dos –y algún otro grupo minúsculo- controlan el 40% del territorio colombiano. Una aplicación práctica de la ideología expuesta es que a la hora de negociar, las FARC conceden a las organizaciones sociales un “papel importante” pero no el derecho de representar a la sociedad civil, mientras que el ELN se negó durante un tiempo a hablar con el Gobierno, ya que serían las organizaciones sociales y no éste, las legítimas interlocutoras.

En las respectivas negociaciones en que han participado han acudido con programas repletos de aspectos políticos, sociales y económicos, y coinciden en acusar al gobierno de negar dichas causas para explicar y solucionar el conflicto. Sus estrategias sin embargo difieren: mientras que los elenos hablan de objetivos últimos y minusvaloran los aspectos concretos, las FARC aportan desde el principio aspectos puntuales (como la imposición de la solución al desempleo como condición para continuar negociando), pero se les acusa de no dejar claros sus objetivos últimos. Tanto unos como otros han contribuido a que en época de negociaciones se abriera un fructífero debate sobre la imprescindible regeneración social, en el que han participado desde asociaciones civiles hasta diplomáticos internacionales (incluido el Vaticano) pasando por ONGs, intelectuales, y grupos marginales. Una de sus grandes aspiraciones en toda negociación, especialmente de las FARC, es ser reconocidos como parte beligerante, lo que les conferiría un estatus de igualdad con el gobierno.

Al contrario que otras guerrillas latinoamericanas no sucumbieron a la caída de la URSS, porque siempre se habían autofinanciado. La llegada de los cultivos de hoja de coca supuso una remodelación financiera, y en el caso de ELN, además, un fuerte debate interno. Ambos admiten que una parte de su sustento económico procede de dicha fuente (aclarando que producen pero no comercializan), y el resto, de extorsiones y secuestros. Como el ELN comente más de lo último, es creíble que por motivos éticos restrinjan, hasta donde los campesinos les permiten, dichos cultivos y traten de buscar alternativas productivas.

Como cualquier grupo, los guerrilleros también han ido evolucionando. Por ejemplo, el ELN ha pasado de luchar contra los que dialogaban con el gobierno por entenderlo como una traición a la causa revolucionaria, a ser ellos los únicos que en este momento dialogan en La Habana con Uribe; las FARC han cambiado sus primigenios objetivos de lucha campesina por la aspiración a una victoria total a través de la guerra prolongada con la que implantar una sociedad socialista, lo que les ha hecho perder muchas de las simpatias de las que gozaban.

Ambos también han sido acusados de asesinatos y atrocidades por organismos como Human Rigts Watch o por el Polo Democrático Alternativo. Maurice Lemoine también reconoce que en ocasiones la guerrilla usa métodos brutales, especialmente en zonas de baja intensidad, ya que a fin de cuentas libran una guerra para conseguir un territorio; en todo caso –matiza- en absoluto son comparables a las del otro bando. Los especialistas hablan de un proceso de corrupción que suele darse cuando en circunstancias como las que estamos tratando, el conflicto se encasilla. Tal vez esta sea la explicación del bochornoso espectáculo que como espectador se ve en la actual guerra que mantienen entre ellos por motivos territoriales, financieros (hay que recordar sus discrepancias con el cultivo de coca), y de rencillas ideológicas por la actual negociación del ELN. El chispazo que comenzó como una escaramuza entre mandos, lleva ya más de 500 muertos.

Y los dos están siendo atacados. El ELN perdió muchos efectivos contra los paramilitares, y las FARC han hecho una retirada táctica hacia su retaguardia ante la embestida de los militares. Los eufóricos del Ministerio de Defensa hablan del inicio del fin, los especialistas reconocidos como Rangel acuden a la metáfora del camaleón para explicar el repliegue guerrillero como forma de desgastar al gobierno, y la gran mayoría coinciden en que continúa habiendo un “empate mutuamente doloroso” que, auguran, es difícil de sostener por ambas partes.

SOBRE PARAMILITARISMO Y PARAPOLITICA

Los paramilitares hicieron su aparición en los ochenta. Como precursores tuvieron a los escuadrones de la muerte creados por los carteles de Medellín y Cali para limpiar de “indeseables” (prostitutas, homosexuales, ladrones....) sus espacios, y como coartada de expansión el enfrentamiento entre guerrilleros y narcotraficantes. Estas dos fuerzas, que tenían en común su ilegalidad, colaboraron simbióticamente durante un tiempo intercambiando dinero por seguridad para traficar. Pero a los nuevos ricos del narcotráfico les resultó fácil convertirse en terratenientes (a base de compra, extorsión y robo), lo que chocaba con la lucha de los guerrilleros por la dignidad del campesino y la recaudación de impuestos a los latifundistas. Molestos por las extorsiones a que fueron sometidos por los guerrilleros, los narcotraficantes comenzaron a reclamar seguridad. Fidel Castaño, (alias Rambo por su afición al personaje televisivo) uno de los nuevos propietarios con dinero del narcotráfico, fundó la primera “fuerza de autodefensa rural”, que en nombre de una cruzada anticomunista (los guerrilleros habían secuestrado y matado a su padre) torturó y mató a cuantos campesinos le resultaron sospechosos.

De este relato no deben deducirse causas meramente azarosas en la gestación paramilitar. Al contrario, también convergieron apoyos y agentes intrasistémicos y legales. Uno fue la legalización en tiempos de Turbay Ayala (1978-1982) de la utilización particular de las armas; de ahí a que el ejército fomentara y protegiera unidades paramilitares sólo había un paso. Otro el apoyo prestado por elites rurales, de ganaderos, tanto los “de siempre” como los “nuevos” procedentes del narcotráfico. Y no menos importantes eran las simpatías del bipartidismo oficial ante la emergente fuerza paramilitar por cuestiones estratégicas.

Sin embargo no es correcto ver al paramilitar colombiano como un mero apéndice del Estado que busca el predominio de éste en la guerra antisubversiva. (Este aspecto les diferencia de sus parientes centroamericanos). Los paramilitares se financiaban con el narcotráfico, tanto traficando directamente como recibiendo dinero de los narcos; a fin de cuentas son mercenarios. Pero a su vez los narcotraficantes cometieron brutales atentados contra el Estado y la sociedad, con lo que al primero no le quedó más remedio que perseguirlos. Es decir, el Estado batallaba en dos frentes: uno contra la guerrilla y otro contra el narcotráfico. Los paramilitares, carentes de ideología política, tenían un pié en sus alianzas con el Estado y otro en el narcotráfico al que el Estado combatía. Esta ambivalencia les permitió cometer todo tipo de barbaridades, pero a la vez estar expuestos a la persecución de un gobierno que se decidiera por esta vía. Y desde la perspectiva del Estado, a pesar de “algún dolor de cabeza” , los paramilitares le hacen el trabajo sucio para el que ellos no están capacitados, y de paso mantienen el ordenamiento institucional existente.

Cuando Castaño (entonces jefe de las AUC y posteriormente asesinado por sus compañeros) apareció por primera vez en televisión diciendo ser “el brazo armado de la clase media”, aspiraba a ganarse el visto bueno de una gran parte de la población que a sí misma se cataloga en dicho estrato. Y razón no le faltaba porque consiguieron el apoyo –aunque con más reconocimiento privado que público- de una gran parte de la población. Ello explica -en parte- tanto el rápido y desmesurado crecimiento de su ejército de mercenarios (más de 20.000), como la impunidad de sus masacres. A imitación de la guerrilla entendieron que los municipios eran el mejor teatro de operaciones para actuar. Sus consecuencias, además de las masacres aludidas, son la corrupción a gran escala del trío formado por paramilitares, narcotráfico y políticos; apenas comienza a destaparse, aunque era, y es, sabido por todos.

Militarmente quitaron posiciones al ELN, estratégicamente utilizaron el terror, y, consecuentemente, se adueñaron de posesiones que no les pertenecían. Con la sensación del trabajo realizado, no sorprende que vean en Uribe al candidato ideal para volver a una legalidad que el débil gobierno de Samper de mediados de los noventa comenzó a discutirles tras presiones internacionales.

Uribe, a su vez presionado por EEUU, y con miedo a que se destapen sus relaciones con los paramilitares cuando fue gobernador de Antioquia, promulga la Ley de Justicia y Paz que a pesar de los reproches de Naciones Unidas y ONGs sigue vigente. Esta ley tiene mucho de impunidad, ya que a cambio de la entrega y confesión voluntarias, los afectados, como mucho, pasarán ocho años en prisión y no serán extraditados a EEUU a pesar de que dicho país les reclama por narcotraficantes; no contempla asuntos de reparaciones ni devolución de las tierras usurpadas a los campesinos desarraigados e indígenas.

No es de extrañar que Mancuso, con traje italiano, se sienta a sus anchas explicando con la ayuda de gráficos y esquemas que trae en su portátil, su responsabilidad en 336 asesinatos, el pago a autoridades, la confirmación de la muerte de los 1.100 secuestrados que tenían, la financiación con la cocaína, o la afirmación de que los paramilitares continúan rearmándose. Pero en otros temas que considera más comprometidos, o que ha hecho algún pacto, culpa al difunto Castaño, o a militares muertos en combate...extraña casualidad. Tampoco salen de la lógica sus luchas fratricidas por control económico que han generado –y continúan generando- cientos de muertos.

DE LA MARIHUANA AL NARCOGUERRILLERO

En los sesenta, los campesinos de Santa Marta descubrieron que cultivar marihuana era más rentable que cualquier otro producto. Aprovecharon las redes que ya tenían los contrabandistas, así como la endémica ilegalidad y violencia que en Colombia han sido fuentes inagotables de poder y prestigio. El boom de la marihuana (de 1974 a 1982 Colombia fue el principal productor y exportador) duró lo que los EEUU tardaron en cultivarla en su propia tierra. En poco tiempo su consumo fue reemplazado por el de cocaína y Medellín desplazó a Santa Marta; si en un principio Colombia importaba hojas de coca de Perú y Bolivia, al final inundó sus campos de plantaciones, hasta el extremo de convertirse en el primer productor y exportador mundial.

Hasta los ochenta la actividad pasó desapercibida a pesar de las inmensas riquezas generadas que acabarían formando el cartel de Medellín, al que perteneció el capo Pablo Escobar, quien además de poseer un zoológico y numerosas obras de arte, tenía fundaciones benéficas con las que “colaboraba” con los políticos. Fue tal la cuantía de las ganancias acumuladas por el narcotráfico que produjeron -y continúan produciendo- una profunda transformación en la sociedad colombiana en forma de inversiones financieras, nuevas jerarquías, reestructuración agraria, etc, pero lo que realmente produjo alarma fue su incursión en la política (narcos como Pablo Escobar y Lehder formaron sus propios partidos) y su demostración de fuerza (como la de los asesinatos de ministros y candidatos a la presidencia, o la creación de fuerzas paramilitares).

El gobierno lanzó una ofensiva a la que los narcotraficantes respondieron a través de los paramilitares con la estrategia del terror, pero comprendieron que no podían someter al Estado y optaron por negociar con Gaviria una salida honrosa con sentencias ligeras en cárceles-hotel (como la de Escobar), y la confianza de no ser extraditados a EEUU.

La violencia de los narcotraficantes disminuyó, aunque no así la producción y venta de cocaína. Para el ciudadano medio no era problema, ya que éste –en todo caso- residía en los consumidores. El agresivo cartel de Medellín perdió prestigio en favor del de Cali que optó por métodos no violentos, como el de la corrupción, para impulsar sus intereses. Pero si bien las organizaciones de narcotraficantes dejaron de ser un problema, el narcotráfico se transformó y apareció con otras caras: financiación de guerrillas, objetivo de paramilitares, y corrupción a escalas impensables en la política. En un intento de contrarrestar éstos (y otros) factores, Pastrana (1998-2002) optó por conversar con las FARC a la vez que fortalecer las Fuerzas Armadas con el entonces embrionario Plan Colombia.

Nadie duda, y hasta ellos lo confirman que una parte de la financiación de los guerrilleros procede de la coca: “sus” campesinos pagan un impuesto a cambio de un precio mínimo y la protección que el grupo armado les brinda. Sin embargo, esta actividad no puede definirse como narcotráfico por dos motivos: uno porque únicamente elaborarían la pasta base (la primera etapa en la transformación de la cocaína) pero –según algunos expertos- no controlarían las redes de tráfico internacional, y otro porque su propósito no es el lucro personal sino la financiación de sus actividades militares para conseguir mejoras colectivas. Y nadie que analice la situación tampoco dudará de que desde los ochenta quienes más implicados han estado en el tráfico han sido los paramilitares. De hecho, los dirigentes de las AUC admiten que hasta un 80% de su financiación procede de la coca, y poseían -y poseen- el monopolio del procesamiento y distribución interna e internacional.

Sin embargo, a pesar de estos datos, hay que reconocer el éxito del término “narcoguerrillero” y lo que a la mayoría de la gente le sugiere culpabilizando a unos y absolvinedo a otros. Lo utilizó por primera vez el entonces embajador de EEUU en Colombia Lewis Tamb en 1982 (personaje que posteriormente fue expulsado de Costa Rica al estar mezclado en asuntos del Iran-Gate con trasfondo de tráfico de drogas). La asociación que todo el mundo hizo daba por obvios demasiados aspectos. Tras los atentados del 11 de septiembre, no hubo más que hacer un pequeño retoque cambiando el término narcoguerrillero por el de narcoterrorista, con lo que el camino del Plan Colombia, acorde con la agresiva política internacional de EEUU quedaba abierto y justificado. Curiosamente Uribe, el mayor promotor de dicho plan, en documentos recientemente desclasificados, aparece en la lista de políticos vinculados al cartel de Medellín cuando era Gobernador de Antioquia y colaboraba con Pablo Escobar en el programa “Medellín sin tugurios”.

El Plan Colombia teóricamente está dirigido a erradicar el cultivo y tráfico de coca, y se realiza desde dos frentes: las fumigaciones y la ayuda militar, y todo ello aportaría beneficios sociales. Sin embargo, el análisis de los resultados de su puesta en práctica deja al descubierto las ocultas intenciones. Pretendía eliminar en cinco años la mitad de los cultivos, y la realidad es que a pesar de arrasar los campos con el venenoso glifosato (proveniente por cierto de la multinacional Monsanto), y crear conflictos diplomáticos con Ecuador y Venezuela, la producción se ha mantenido (únicamente ha habido un desplazamiento de los campos de cultivo con los consiguientes problemas medioambientales y sociales), los precios de venta en el lugar de destino no han subido, y las redes de narcotráfico permanecen intactas. El plan confunde la hoja de coca (cultivada legalmente en otros países andinos) con la cocaína, y no combate en absoluto el tráfico.

Como consecuencia, a nivel financiero la guerrilla no sufre ningún descalabro, como tampoco el control del tráfico en manos paramilitares. ¿Qué se esconde entonces detrás de esta farsa? Sencillamente una plataforma que EEUU construye, junto con otra en Paraguay, y que le sirve para ejercer presión a favor de sus intereses en una Sudamérica que se le escapa de las manos, y de paso aplica, a través del ejército y los paramilitares, la vieja política de quitar el agua para que muera el pez, mezclando a todos en la guerra obligándoles a posicionarse, y ejercitando el terror sobre campesinos e indígenas. El súbdito Uribe recibiría a cambio un respiro, en forma de ayuda militar, (ayuda que a su vez es exportación de máquinas militares norteamericanas e israelitas) dentro de la complicada situación en que se encuentra con el destape de la narcoparapolítica.

LAS NEGOCIACIONES: UN BARCO CON EXCESO DE LASTRE

Las negociaciones son el punto de encuentro entre la ideología y la estrategia, un lugar privilegiado desde el que observar la conjunción de teoría y práctica. Los contendientes llegan a ellas después de un pulso de fuerza y conscientes de que no pueden conseguir en la mesa lo que no han ganado en el campo de batalla, pero sabedores de que es mucho lo que hay en juego. De la misma forma que la guerra lleva su propio proceso evolutivo interno, también la paz posee una tecnología propia que indica que no basta la buena voluntad, y que los detalles y el protocolo no resuelven el conflicto, pero sí pueden hacer fracasar las conversaciones. El propósito de las siguientes líneas es asomarnos a la intrahistoria de las negociaciones para tener una visión más práctica de lo que significa hablar de conversaciones de paz en Colombia, y rescatar la experiencia acumulada para que haga encajar alguna pieza del puzzle con más facilidad.

Desde 1981 ha habido distintas tentativas de negociación. Fue en la época de Belisario Betancourt (1984) cuando más cerca se estuvo de un alto al fuego, y cuando muchos guerrilleros se pasaron a la política fundando la Unión Patriótica. Poco duró la euforia porque en cinco años los escuadrones de la muerte mataron a 5000 de ellos, lo que provocó la vuelta a las armas de unos y el exilio y la clandestinidad de otros. A principios de los noventa se desmilitarizaron bajo los gobiernos de V. Barco y Gaviria, el M-19 y el EPL. Recientemente Andrés Pastrana (1998-2002) también entabló unas negociaciones en las que nos vamos a detener por ser las más próximas en el tiempo.

Pastrana cuenta con el beneplácito de una sociedad a la que por primera vez le preocupa más la confrontación armada que las cuestiones del narcotráfico. Y no es para menos, ya que las FARC están a 70 kilómetros de Bogotá, la población civil sufre el acoso de los paramilitares, el descrédito institucional salta a la vista, y los gastos de la guerra impiden cualquier acción social con el consiguiente descontento de las masas. Las negociaciones por tanto, son bien vistas y estratégicamente necesarias. Las FARC no desaprovechan la ocasión y piden ser reconocidas como parte beligerante.

El ELN y los paramilitares, celosos del protagonismo de las FARC, reclaman el mismo estatuto, y para hacerse notar presionan intensificando la escalada de violencia. El resultado es que la búsqueda de la paz provoca el efecto perverso del incremento de la guerra, y que no se abre una, sino tres negociaciones (sin contar las internas de cada grupo) que a su vez son excluyentes. Así, con lógico criterio, las FARC no conciben ni sentarse a una mesa con los paramilitares (ya que son criatura y por tanto problema del gobierno), ni ser tratados a su mismo nivel. El gobierno lo aprueba a la vez que envía mensajes al ELN diciéndoles que la negociación con ellos se supedita a la de las FARC. Los elenos no solo no lo entienden sino que –en principio- no aceptan al gobierno como interlocutor válido y piden una Convención Nacional para dialogar directamente con la sociedad civil. Para presionar, cometieron desmesurados atentados como el de un avión de Avianca, o el secuestro masivo en la iglesia de Cali por cuya acción el obispo les excomulgó (dato importante dada su filiación cristiana), lo que a su vez provocó el asesinato de dicho obispo. El gobierno rompió, aunque más tarde las retomaría, las negociaciones, y la historia demostró que en la trastienda del ELN vivían una gran crisis interna tras la muerte del cura Pérez en 1998 que provocó una desunión que su sucesor Gabino no podía atajar.

Sin embargo, la maquinaria del diálogo entre las FARC y el gobierno se puso en marcha. Desde el inicio se vio que el camino era largo y lleno de dificultades, y que el éxito dependía tanto del tacto estratégico como de las ideas de fondo. El primer obstáculo llegó con la elección del lugar: no era lo mismo dialogar en Colombia que hacerlo en el extranjero, ni –dentro de Colombia- en un lugar u otro. Se optó por el territorio nacional, en una “zona de despeje” bajo simpatías guerrilleras pero alejada de sus posiciones base. Las ventajas para las FARC eran librarse del acoso del ejército en aquel lugar, y las del gobierno restar operatividad a la guerrilla; los temores de ambos, que el contrario la utilizara para rearmarse en torno a ella.

A pesar de aclarar un sinfín de detalles, como la altura mínima de los vuelos que pasen por el lugar, en ocasiones se olvidan “matices” que a la postre hacían tambalear las negociaciones. Por ejemplo, no se acordó desde el principio quién era el soberano de los municipios comprendidos en la zona de despeje mientras duraran las negociaciones. Las FARC, para demostrar que allí eran las garantes del orden, expulsaron a los jueces y llegaron a cometer algunas ejecuciones en base a su código interno. El gobierno no pudo aceptar las condiciones, y en esta ocasión le surge un apoyo inesperado: el de los lugareños –en principio cercanos a la guerrilla- reclamando la presencia del Estado. Hubo que sortear otros obstáculos, como si se dejaba constancia escrita o visual de las conversaciones (al gobierno no le interesaban las cámaras, ¿por miedo a no poder cumplir lo prometido?), o si era grave la no asistencia de Marulanda a su primera cita con Pastrana quien tuvo que leer su discurso ante terceros y una silla vacía,....

Pero con todo, estos problemas son menores comparados con otros. Uno fundamental fue la elaboración de una agenda sobre la que dialogar (Marulanda no iba a hacer ningún gesto concreto hasta que no se elaborara el 70% de dicha agenda); otro si debía haber una alto al fuego desde el principio o no (al gobierno, ansioso de soluciones rápidas para contar a la población le interesaba, no así a la guerrilla acostumbrada a esperar y cuyo fin era el cambio económico y político); y uno más, la aclaración de si desde el principio habría que poner todas las cartas sobre la mesa o se comenzaba por lo accesorio; se vio que la mejor opción tanto estratégica como de buen funcionamiento era la segunda, pero el problema se agravó por la imposición de terminar con el paro impuesta por las FARC, porque ni era de rápida solución (lo que interesaba a los guerrilleros pero no al gobierno) ni se veía con claridad si aquello era importante (para el gobierno sí) o secundario (para las FARC era “solo” una parte de su estrategia).

Y mientras tanto sospechas mutuas sobre si la otra parte tendría una agenda oculta, o si los respectivos interlocutores contarán con la legitimidad y poder necesarios para hacer cumplir los posibles pactos, dudas sobre hasta dónde el otro utiliza estrategias para usar como propaganda, etc. En ocasiones las conversaciones se encerraban en argumentos de círculos cerrados sobre temas aparentemente banales....Y sin embargo, a pesar de que las negociaciones nunca despegaron, generaron algunos resultados positivos: una agenda aprobada por ambas partes, debates en los que con el trasfondo de una regeneración social participaban desde sectores marginados hasta representantes internacionales, o el hecho mismo de comunicarse como paso decisivo para ir más allá del lenguaje militar.

Pero el 20 de febrero de 2002 Pastrana decidió romper los acuerdos, y en menos de tres horas comenzó a bombardear la zona de distensión. Como pretexto, el secuestro de un senador tras obligar a su avión a aterrizar en una carretera. Es un hecho a todas luces marginal, teniendo en cuenta que en paralelo a las negociaciones proseguían los combates entre las partes, que en ocasiones contaban sus muertos por centenares. En abril también rompió los diálogos que mantenía en La Habana con el ELN.

La perspectiva histórica mostró que efectivamente lo del avión fue un pretexto. El fortalecimiento del paramilitarismo, el aumento de los presupuestos de las Fuerzas Armadas con el consiguiente estancamiento de proyectos sociales, la política seguidora del modelo neolibaral, y sobre todo la gestación junto a EEUU de lo que sería el Plan Colombia, ponen en entredicho la voluntad política de ese gobierno para negociar realmente. La versión progubernamental apunta a que el gobierno no tenía otra alternativa ya que las FARC no respetaban el acuerdo de una comisión consultiva de cesar el fuego, y que el bombardeo no fue un ataque sino “un refuerzo de vigilancia de la zona desmilitarizada”, y en consecuencia sería la guerrilla la que carecería de esa voluntad negociadora.

Los acontecimientos se precipitaron: el país que se había levantado con expectativas de paz se acostó con la guerra, y las FARC legitimadas a nivel internacional durante las conversaciones, pasaron a convertirse en “terroristas” tras los atentados del 11-S, con lo que quedaba lacrada toda opción de diálogo.

URIBE: A BUSH ROGANDO Y CON EL MAZO DANDO

Es en este contexto en el que Uribe llega al poder arropado por una amplia mayoría y el apoyo de la extrema derecha y los paramilitares. Es indudable también el desencanto en la población por el fracaso de la retórica de la paz, y en muchos casos el hastío por no comprender las actuaciones de la guerrilla ni sus objetivos. Sin embargo tampoco deben interpretarse los resultado como una carta blanca a la guerra en sustitución de la paz. Uribe representa como nadie la idea de que “si quieres la paz financia la guerra”; es decir, que frente a los que afirman que de no solucionarse los problemas sociales no habrá paz, él enfatiza que sin paz no hay resolución de problemas sociales ni progreso, y la opción militar es el atajo imprescindible. Pero para no herir la sensibilidad de una parte de su electorado dejó una opción al diálogo: en la actualidad conversa en La Habana con el ELN, y previamente hizo un acercamiento a las FARC que unilateralmente rompió tras el estallido en octubre del 2006 de una bomba de muy dudosa procedencia.

La columna vertebral de su política puede resumirse en el Plan Colombia, en la ya comentada Ley de Justicia y Paz, y en la Seguridad Democrática que reclama la concentración de poder para una mayor efectividad de los organismos estatales en el plano local. Todas ellas parten del supuesto de que no existen conflictos armados en Colombia, sino una serie de malhechores financiados con psicotrópicos y “bandas delincuenciales emergentes” (así denomina ahora a los paramilitares, que según su versión ya no existen) en guerra contra el Estado y la población civil.

Ya se pueden apreciar algunos resultados de esta opción: el apoyo incuestionable del electorado a la política de mano dura con la guerrilla mostrado en la reelección, el aumento de desplazados motivado por el acoso militar a la insurgencia y su repliegue para readaptarse a la guerra de guerrillas, la polarización económica que incrementa el número de pobres (más del 60%) a la vez que las riquezas de los ricos (hasta el punto de que los indicadores macroeconómicos en su conjunto aparecen como favorables), y el respaldo de Bush con su visita por el trabajo bien hecho. Y curiosamente, este “no conflicto armado” le sirve al régimen político y de paso a Uribe para perpetuarse: en su nombre toma prioridad el reestablecimiento del orden público frente a políticas sociales, y se relativiza el desprestigio del Congreso y el descrédito de los políticos con el grave asunto de la narcoparapolítica.

EL ACTOR TRAS LA ESCENA

Recientemente Bush visitó Colombia en medio de impensadas medidas de seguridad y de fuertes manifestaciones en contra. Vino a callar las sombras que sobre su fiel socio Uribe se ciernen, y de paso a reilusionar a la elite empresarial que sueña con el Tratado de Libre Comercio. Su estrategia no parece engañar a nadie (otra cosa es que se esté o no de acuerdo) y consiste en utilizar los medios necesarios –como la mentira de una supuesta guerra al narcotráfico- para controlar los recursos naturales y financieros de América Latina. La esperanza de los uribistas es que su apoyo militar desequilibre la guerra; así, para unos ( usamericanos) y para otros (elites empresariales colombianas) el camino hacia la bacanal neoliberal del TLC quedará expedito. EEUU considera estratégica su política agraria subvencionada, pero quiere a toda costa “solucionar” los problemas agrícolas colombianos sin hablar de la imprescindible reforma agraria. Más que política es ciencia ficción ya que ofreciendo la zanahoria en lo militar y el garrote en lo comercial no va a solucionar el problema matriz agrario: que 2.400 propietarios posean más de 18.000 has. cada uno, lo que significa el 53% del territorio, mientras que 2.3 millones de campesinos dispongan de menos de 3 has. y del 1.7% territorial, y ello sin contar los 660.000 hogares que carecen de un lugar donde plantar tomates y son la inframano laboral que tan bien viene a los hacendados; tampoco tendrá en cuenta las luchas indígenas sobre el reconocimiento de sus territorios, ya que el neoliberalismo hace prevalecer la economía sobre los derechos fundamentales. Afortunadamente la oposición al TLC va ganando terreno día a día.

Sirva como ejemplo de la asimétrica relación entre EEUU y Colombia que mientras los usamericanos son capaces de extraditar –vía Ecuador- a Simón Trinidad, un negociador de las FARC al que le sometieron a un esperpéntico juicio, los colombianos tienen que liberar y devolver a militares norteamericanos a los que la policía descubrió vendiendo armas a los paramilitares y atropellando en una noche de borrachera a dos transeúntes.. Más aún, si los usamericanos aspiran a rentabilizar económicamente la esquiva paz con el TLC, tampoco les va mal con la guerra en cuestión de negocios: la ya aludida venta de armas y el glifosato de Monsanto son dos buenos ejemplos.

UN LUGAR PARA LOS DESARMADOS

No es posible completar el panorama colombiano sin prestar atención a la otra vertiente de la guerra, la de la sociedad civil, que obviamente ni es homogénea ni pasiva ante el conflicto. Conviene hacer unas aclaraciones terminológicas previas para matizar el contexto desde el que se habla de esta población.

Hasta mediados de los noventa se denominaba como “violencia” a lo que ocurría en Colombia, ya que el término admitía también a los grupos violentos urbanos y desdibujaba los grupos armados subversivos. Se comenzó a utilizar el término “guerra”, para desencanto del gobierno, cuando las FARC cosecharon grandes éxitos militares, y se reconoció que en sus zonas cumplían (y cumplen) con las principales tareas de cualquier gobierno: recaudar impuestos, detentar el monopolio de la violencia, e impartir justicia. Obviamente había un enfrentamiento entre ejércitos por un control territorial. Ahora bien ¿es una guerra civil?

Es en la respuesta a esta pregunta donde entra la población no armada, respuesta que a su vez depende de la argumentación utilizada. Ciertamente la guerra colombiana involucra de alguna manera a todos los colombianos, sin embargo es constatable la falta de identificación de la población con los contendientes. Los guerrilleros no cuentan con más del 3% de aceptación en el conjunto de los ciudadanos, y –a pesar del amplio respaldo de la población a la política militarista de Uribe- únicamente son una mayoria minoritaria, ya que la abstención fue del 60%. Entonces, si tenemos en cuenta el descrédito de las partes beligerantes, así como que la dinámica de que la guerra busca la sumisión de los ciudadanos a las estructuras de poder creadas por los distintos grupos armados, difícilmente se puede hablar de guerra civil. La población se ve atrapada en el fuego cruzado, y generalmente se alía con uno de los bandos más por razones de seguridad y protección que por convencimiento ideológico.

Tampoco se puede reducir la guerra a parámetros étnicos o identitarios, y incluso es problemática su conceptualización desde un mero antagonismo de clases, ya que hay sectores populares que se alían con los paramilitares, el ejército se abastece de las clases desfavorecidas, la oligarquía ganadera acepta de mal agrado a los recién llegados desde el narcotráfico, y los pobres no se lanzan en armas junto a la guerrilla (y a veces se les enfrentan). Obviamente ello no niega un componente clasista como trasfondo.

Con todo ello lo que se pretende afirmar es que más que una guerra civil lo que existe es una guerra contra los civiles. (Esto no significa que nos adentremos en el terreno de una victimación que desdibujaría la complejidad de la guerra Colombiana). Y además, que se desarrolla fundamentalmente en la periferia; de hecho, la guerra muestra una asimetría entre territorio y población: mientras la guerrilla, rural por tradición, controla el 40% del territorio, solamente uno de cada cuatro colombianos vive en el campo, y, como consecuencia, las circunstancias de los campesinos, son diferentes de las de los citadinos a la hora de enfrentarse al problema.

Los campesinos marginados son, como vimos, el objetivo primero de los guerrilleros, aunque contaron con la desdicha de ser cotizados también por narcotraficantes y paramilitares. Una gran parte de estos campesinos llegaron como mano de obra de los colonos, mientras que los otros, los indígenas, ya estaban allí; ambos sufren los daños colaterales del conflicto.

Los indígenas, atrapados entre varios fuegos cruzados, apenas ahora comienzan a hacerse visibles a nivel internacional precisamente por las voces que se alzan alertando de su peligro de extinción. Hasta 1991 en que la nueva Constitución Política reconoce reivindicaciones históricas y derechos indígenas, éstos tienen unas “relaciones de aceptación o inserción muda” ante los guerrilleros (y posteriormente ante los paramilitares) que controlaban su zona. El citado proyecto político les abrió la posibilidad de luchar por un territorio, gobierno y justicia propios que siempre habían anhelado, lo cual entraba en contradicción con los proyectos de dominio territorial de guerrilleros y paramilitares. Al mismo tiempo, a nivel de Estado se acepta el modelo neoliberal, que prima el control de territorios (en cuanto redes productivo-especulativas), sobre la propiedad o posesión; de hecho hoy ya se juega especulativamente con estos territorios como potenciales de recursos y como zonas de tránsito, y hasta organismos como el FMI apoyan determinados aspectos de luchas indígenas porque ven en ello una isla de inversiones que generarán un mar de ganancias.

Como resultado, los pueblos indígenas están en un dramático laberinto y padecen en propia carne los resultados de un conflicto ajeno a sus intereses. Además de los desplazamientos con la consiguiente pérdida de identidad, el índice de homicidios políticos registrados en sus comunidades es el triple que en el resto del territorio nacional. Desde asociaciones de Derechos Humanos se hacen sonar las alarmas: de los 92 pueblos indígenas supervivientes en Colombia, la mitad están en peligro de desaparición física o étnica.

Su estrategia supervivencial se traduce en la llamada “política de neutralidad activa” que consiste en declararse ajenos a los movimientos armados y buscar negociaciones y acuerdos puntuales de no agresión con el fin de protegerse. Sin embargo esta política, dependiendo de quién tenga el control, es considerada como un desafío y desobediencia a su autoridad. Conviene matizar que mientras los paramilitares el control que buscan es a través de su disolución social (étnica), los guerrilleros pretenden la subordinación ideológica. A los grupos armados les interesa el potencial económico de los recursos en territorio indígena, así como sus labores con la hoja de coca. Sin embargo, repetimos, sería un error percibir el conflicto en términos exclusivamente económicos, y no ver el componente ideológico-político de los guerrilleros, o la propia dinámica de la guerra que en ocasiones excede al control de los propios protagonistas.

Pero en términos numéricos, la mayoría de la población civil es urbana, entendida en sentido amplio, como no periférica y bajo control estatal. También es una población ansiada por las partes armadas. Para las FARC es imprescindible su apoyo para una posible victoria final; en los paramilitares se observa últimamente un desplazamiento hacia zonas urbanas tras la supuesta desmovilización, y el Estado, necesita de su visto bueno electoral. Es una población plural que políticamente comprende desde los que desean una intervención directa militar de EEUU, hasta los que de manera creciente van organizándose para posicionarse reivindicativamente buscando derechos, denunciando tropelías, y tratando de solucionar los problemas sociales políticos y económicos fuera del conflicto armado. Dentro de esta segunda perspectiva hay un florecimiento de grupos no vinculados a partidos políticos, así como una regeneración (o generación) de la izquierda política no excesivamente ortodoxa con la institucional. La concentración de fuerzas de izquierda en torno al recientemente formado Polo Democrático Independiente, más próximo a un reformismo al estilo Lula de los inicios que a los grupos armados, alberga algunas expectativas en un tradicional panorama político fétido y hediondo. El brillante hacer de alcaldes como Lucho Garzón en Bogotá o del ex dirigente del M-19 Navarro Wolf en Pasto, se pueden ver como una avanzadilla para demostrar que es posible gestionar eficazmente y sin exclusiones sociales un espacio que pertenece a todos. Estos gestos desde la política o desde asociaciones vecinales, ONGs, grupos religiosos, movimientos indígenas, luchas estudiantiles, o de ayuda a desplazados, mujeres y marginados en general, adquieren más importancia de la que en principio parece ya que tradicionalmente han estado, y están, literalmente en el punto de mira de los pistoleros: recordemos a los 5000 sindicalistas asesinados (de los que por cierto únicamente se han investigado 376 casos), o a la masacre ya comentada sobre la Unión Patriótica.

El botín de las ciudades es, hasta ahora, como la búsqueda de El Dorado: algo que todo grupo insurgente y contrainsurgente busca, pero que ninguno encuentra. (El M-19 fue quien más cerca estuvo pero, hasta que se pasaron a la política, militarmente resultaron diezmados).

EL INCIERTO FUTURO

Aún queda encajar la pieza del futuro en el puzzle colombiano. Tarea difícil porque es de gran tamaño e incompatible con alguna de los que están presentes. El camino recorrido debería servir, como poco, para asentar algunas bases y reflexiones:

1-El secuestro, la extorsión, y la financiación a trasvés de la coca no son fines en sí mismos de la guerrilla. El gobierno no puede ir a la mesa de negociación pensando, como señala Rangel, “que la guerrilla está formada por un grupúsculo de muertos de hambre que apelan a la violencia sólo para comer”. Buscar una solución desde la criminalización que implica el apelativo terrorista, y/o desde la cocaína, es desenfocar el objetivo, tal como hace el Plan Colombia. Los 40 años de lucha guerrillera demuestra que éstos no dejarán las armas hasta que el gobierno reconozca y cambie las causas que originaron el levantamiento armado. Dicho de otra manera, los guerrilleros están dispuestos a dialogar, pero no a rendirse. En consecuencia Uribe es un Sheriff que apunta donde no debe.

2-Desafortunadamente el conflicto colombiano no se reduce a la dialéctica gobierno-guerrilla. Las asociaciones de Derechos Humanos reconocen que 70 de cada 100 atentados contra dichos derechos de los que se producen en Colombia son responsabilidad de los paramilitares. A pesar de las escenografías del Gobierno anunciando su disolución al amparo de la Ley de Justicia y Paz, los hechos, y Mancuso desde la cárcel confirman su operatividad. Los intereses económicos en juego, (especialmente con la cocaína) así como las ventajas políticas de quienes detentan el poder, complican la situación. Lo peor es que desde el principio han sido apoyados por el gobierno, y como tal debería dar cuenta de ello.

3-Hoy más que nunca, la búsqueda de la paz es revolucionaria. Pero la paz como punto de llegada, no de partida, conquistada a base de un diálogo con contenido renovador, a sabiendas de que una negociación es complicada, y de que no se puede hablar de paz sin cambios. Como corolario práctico, las negociaciones de la época de Pastrana mostraron que se puede “negociar como si no hubiera confrontación, pero continuar la confrontación como si no hubiera negociación”. Es mejor dialogar en medio de la lucha que luchar sin diálogo. Por el contrario, una hipotética victoria militar total de una de las partes, nunca lo sería del todo ya que las ascuas calientes provocarían otro incendio.

De la misma forma que con EEUU se ha internacionalizado la guerra en todo el mundo, también se pueden globalizar los intentos de paz. Tanto gobiernos extranjeros, como asociaciones de Derechos Humanos, están capacitados para jugar un papel de intermediadores y ofrecer un espacio al que puedan acceder los polos enfrentado. Las asociaciones de secuestrados, con ramificaciones internacionales (ya que hay presos de Francia y EEUU) y amparándose en los Derechos Humanos, ya actúan en esta dirección.

Los recelos son mutuos y justificados. Al Estado como negociador le resta poca credibilidad con el historial de los sindicalistas y ex guerrilleros reconvertidos a la política asesinados, sin un cambio estructural real que saque de la miseria a la mayoría de la población, deteniendo y extraditando a negociadores, o atrapando a los críticos al sistema en la dialéctica del conmigo o contra mi. La guerrilla por su parte, especialmente las FARC tampoco despejan muchas dudas sobre su voluntad real de llegar a un acuerdo dialogado. Su enclaustramiento ideológico y las perspectivas de un más que probable fracaso electoral en caso de pasarse a la política, les impide salir de la espiral de la guerra en la que ya llevan cuarenta años. Las aspiraciones a una victoria militar, o a una profunda crisis social en la que la población masivamente requiriera su presencia, no auguran mejor resultado. La peor noticia es que la guerrilla y el gobierno de turno se necesitan mutuamente para legitimarse: algo muy gordo le ocurriría al Estado con las pruebas de la más alta corrupción que cada día se conocen de no tener a las guerrillas enfrente, y éstas tendrían más difícil justificación con un gobierno que pusiera su empeño en buscar solución a la tragedia de la pobreza colombiana. La esperanza está en que unos y otros comprendan que el “empate mutuamente doloroso” no beneficia a nadie, y que urge una solución.

4-La propia dinámica de la guerra acrecienta las causas de su origen; las desigualdades sociales aumentan, y las únicas reformas agrarias que existen son las provocadas por los narcoparamilitares. Ante este círculo vicioso surge un debate de fondo, y es el de hasta qué punto el régimen democrático colombiano puede dar respuesta a la presente situación. Es decir, mientras los insurgentes cuentan con el tiempo de espera a su favor en la lucha por sus objetivos, los gobiernos van cambiando y modificándose en función del electorado. La pregunta es si contando (hipotéticamente) con la buena voluntad y capacidad de un gobierno para enfrentarse a exigencias estructurales, éste podría llevarlas a cabo teniendo en cuenta que todo el proceso se demoraría mucho tiempo y comprometería a gobiernos futuros. La asimetría estratégica temporal entre gobierno y guerrilla es abismal: mientras las políticas gubernamentales son a corto plazo, con una gran dosis de improvisación, y sin comprometer al conjunto del Estado, las de los guerrilleros persisten en el tiempo, son coherentes con la experiencia acumulada, y no dependen de opiniones externas.

El tema es de tal calado que hasta quedan en entredicho los partidos políticos mayoritarios como posibles negociadores una vez comprobada su corrupción; tampoco es previsible una acuerdo nacional sobre la solución adecuada, ni dejar en manos de la mayoría una salida ya que no garantizaría la continuidad en posteriores gobiernos; otras soluciones extragubernamentales como un Cons