Regreso desde el olvido. Después de vivir un año más, relegada no sólo en el olvido geográfico-espacial de las periferias de las grandes ciudades francesas sino también entre los pliegues del imaginario colectivo de la República, la problemática de la banlieue francesa, puesta entre paréntesis durante todo el año 2006 por las movilizaciones del CPE - sobre todo protagonizadas por los hijos de la clase media – y la epopeya futbolística del once de Zidane en el Mundial alemán, vuelve a ser noticia y a ocupar desde finales de septiembre la primera plana de los periódicos. El pasado 26 de septiembre, el diario Le Monde publicaba el correo enviado al Ministro del Interior por el prefecto de Seine-Saint-Denis donde éste alertaba a su jerarquía del aumento de la conflictividad en su departamento (uno de los más desfavorecidos y conflictivos del noreste de París). Artículo con banda sonora incluida de Joey Starr: Avec ma gueule de métèque, versión rap de la famosa canción de G. Moustaki.

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A partir de ahí, y coincidiendo más o menos con el aniversario de las revueltas del año pasado, los medios de comunicación han ido dando cada vez más eco a los disturbios que se han repetido con mayor o menor frecuencia, casi a diario, hasta la quema trágica del autobús de una línea de transportes que cruzaba un barrio desfavorecido de Marsella, el pasado 28 de octubre. En este ataque, una estudiante de origen senegalés que no pudo bajarse del autobús a tiempo, resultó gravemente herida: su cuerpo sufre quemaduras al 62% y su estado es muy grave. Este último episodio - dramático donde los haya - parece haber creado una pausa en la espiral violenta que hasta la fecha venía anunciando algo más que un simple rebrote de los disturbios del año pasado. Una pausa, por lo menos en la representación mediática de una cuestión eminentemente política y sensible como la de la seguridad, al ser el titular de la cartera de Interior, uno de los candidatos más destacados a la elección presidencial que tendrá lugar en mayo de 2007.

Indicios de radicalización.

Con todo y pese a la relativa calma de los últimos días, los incidentes registrados hasta ahora merecen comentario por presentar una serie de características nuevas respecto a los del año pasado y por ilustrar el proceso de radicalización en el que se ve envuelto el conflicto. Si bien los disturbios son menos numerosos, al menos en apariencia, es difícil obviar su cariz mucho más violento y sobre todo la relativa organización y preparación - ausente en general en la revuelta mucho más espontánea de 2005 – que conllevan. Aunque de momento no se pueda hablar de coordinación entre ellas, las acciones llevadas a cabo este año son en efecto más impactantes y puntuales: los actores de los disturbios intervienen con el rostro oculto, llevan en general armas (falsas o reales), intervienen con rapidez y suma violencia, para luego esfumarse en un santiamén entre las torres de hormigón que delimitan el espacio de su actuación.

Los variados objetivos del año pasado que cubrían un amplio abanico -desde el mobiliario urbano hasta los coches particulares-, se concentran ahora básicamente en torno a dos blancos: la policía y las líneas de transporte público (sobre todo los autobuses) que cruzan las barriadas desfavorecidas de las afueras. En el caso de los ataques a la policía, éstos responden principalmente a dos nuevas modalidades. Primero, la multiplicación de ataques organizados bajo la forma de emboscadas a delegaciones de la policía, que son atraídas al centro de los barrios bajo un pretexto u otro, por ejemplo a raíz de una falsa llamada telefónica. Una vez in situ, éstas se ven sometidas a un ataque en toda regla en el que, invariablemente, el esquema se repite del mismo modo: bloqueo de los coches de la policía con otros vehículos y agresión física de sus ocupantes por bandas de individuos encapuchados o embozados, con bates de base-ball, barras de hierro, armas blancas y piedras.

En la mayoría de los casos, los agentes de la policía salen gravemente heridos de estos enfrentamientos, víctimas, no sólo del pulso a distancia que mantienen los actores de la revuelta con el Estado - y en particular con el odiado Ministro del Interior -, sino también de la mala fama de la que goza la policía de las afueras. Esencialmente compuesta de jóvenes reclutas, poco experimentados, violentos y siempre despreciativos en su actuación con los habitantes de las barriadas, éstos perciben en efecto la omnipresencia policíaca como el síntoma más evidente de una política deliberada de acoso permanente e indiscriminado hacia las poblaciones periféricas de la sociedad francesa. Pero lo que más preocupa a los dirigentes de la policía, son las auténticas batallas campales que libran ahora, a campo abierto, en medio de las barriadas, los jóvenes con la policía. Batallas donde la táctica de la operación relámpago desaparece a favor de un enfrentamiento mucho más clásico que confirma el mayor nivel de radicalización y de indiferencia ante la represión. Es bastante significativo que estas luchas callejeras se hayan dado en Montfermeil, justo después del anuncio hecho por Sarkozy del endurecimiento drástico de las penas por agresión verbal o física contra la policía, es decir en uno de los pueblos de los alrededores de Clichy-sous-Bois, donde murieron electrocutados el 27 de octubre de 2005 Zyed Benna y Bouna Traoré, al querer escapar de un control de la policía.

Los ataques a las líneas de autobús, escasos el año pasado, han tomado mucho más relieve este otoño, en particular a partir del fin de semana del 23 de octubre con su multiplicación hasta la quema dramática de Marsella en la noche del sábado del 29 de octubre. Aunque este período corresponda al aniversario de la muerte de Zyed y Bouna, lo que una vez más llama la atención, también en este segundo tipo de incidente, es el nivel de preparación y de relativa organización de las bandas implicadas: toma de los autobuses con armas, rostros tapados por pasamontañas, quema in situ del autobús o desvío de su ruta hasta su quema ritual en pleno centro de una barriada.

La seguridad como eje principal de la campaña presidencial.

Todos estos disturbios intervienen a escasos 6 meses de la cita presidencial, en un momento en que el tema de la seguridad está en fase de transformarse en el eje fundamental de la contienda electoral. Tanto desde la derecha conservadora opuesta al Frente Nacional, como desde las filas de la más que probable futura candidata socialista – Ségolène Royal - se trata en efecto de mantener un discurso firme en cuanto a la supuesta inseguridad, para mantener alejado el espectro de una nueva calificación de la extrema derecha en la segunda vuelta presidencial (como en el terremoto político de 2002 que acabó con la carrera política de Lionel Jospin y propulsó de nuevo, de modo totalmente inesperado al incombustible Chirac).

El tema, ayer olvidado en los últimos destellos de un verano prolongado por el calentamiento climático, vuelve a imponerse en la esfera mediático-política como uno de los más destacados y los rivales de la contienda presidencial - incluso dentro del propio bando socialista donde el candidato está todavía por determinar mediante unas primarias internas - rivalizan en dureza y propuestas represivas para acabar con la delincuencia. En vísperas de la adopción de la nueva Ley de Prevención de la Delincuencia - proyecto extremadamente duro defendido por N. Sarkozy que sólo aboga por la represión en materia de prevención de la delincuencia - la espiral represión/revuelta parece entrar en una nueva fase de emulación exponencial y autodestructiva. Cada una de las formaciones políticas (desde la extrema derecha hasta el partido socialista), lejos de insistir en las carencias de la política socio-económica, trata de sacar una buena tajada de la construcción mediática del miedo, para marcar puntos ante un electorado potencialmente asustable por las revueltas. Un terreno donde, desgraciadamente, el Ministro del Interior, por mucho que se le acuse hoy del rebrote del malestar de la banlieue, tiene todas las de ganar por manejar a la perfección los medios de comunicación y la propaganda represiva.

De ahí que no quede muy claro por tanto, si la pausa observada en el discurso mediático – amenazado de colapso por el calentamiento y el frenesí de los últimos días – corresponde a una realidad o no, dada la sensibilidad política que ha adquirido este tema. Se hace en efecto cada vez más difícil saber - a no ser que uno sea el testigo directo de los disturbios de su zona - lo que pasa en realidad actualmente en las afueras de las capitales francesas. Las distintas fuentes de información se contradicen a menudo respecto a los incidentes; las redacciones, en particular las de televisión, se autocensuran por temor a provocar un fenómeno de mimetismo entre los protagonistas de los disturbios, y minimizan, en el mejor de los casos, el alcance de ciertos acontecimientos, cuando no dejan simple y llanamente de hablar de ellos. En todo caso, si bien el fenómeno no parece de momento alcanzar el nivel del año pasado, tampoco parece creíble el discurso de calma repercutido por los medios de comunicación dominantes. Le Monde y la agencia oficial de prensa AFP sumaban, por ejemplo, un total de 277 coches quemados durante el fin de semana del 29 de octubre, una media, según estas dos fuentes, tres veces superior a la que se da habitualmente los fines de semana; cifra que se presenta sin embargo desde el Ministerio del Interior como totalmente normal.

Ante la enormidad de estas declaraciones, tanto la Dirección General de la Policía Nacional como el Ministerio de Interior se han negado hasta ahora a aportar esclarecimientos que pudieran justificar esa valoración irrealista. Como se puede observar por este simple ejemplo, los protagonistas de las revueltas que hoy incendian los autobuses o tienden emboscadas a coches de la policía para luego dar palizas a sus ocupantes, se mueven en un escenario de dimensiones y de implicaciones políticas mucho más grande que el de la simple problemática de las afueras. De ahora en adelante, será muy difícil tener una visión clara de lo que está pasando, tanto si se extrapolan los incidentes como si se minimizan en función de los intereses políticos en juego, lo cual puede hacer que los actores de los incidentes se retiren del escenario temporalmente o bien al contrario, radicalicen sus posturas utilizando estrategias más violentas con el objetivo de alcanzar más visibilidad. Una escalada que lejos de importarle a Nicolás Sarkozy parece, al contrario, reforzar su postura en el desarrollo de una política del miedo que el titular de Interior alimenta con múltiples declaraciones vejatorias respecto a las poblaciones de los barrios marginados y periféricos de la República. Lo único que habrá que ver es quién se lleva al final el pastel y los beneficios de esta manipulación tan peligrosa: ¿será Le Pen (que ya no necesita ni siquiera hacer declaraciones demoledoras sobre el laxismo del estado, los demás las hacen por él!!!) o el aprendiz de brujo Sarkozy?

Aumento del resentimiento de las poblaciones periféricas.

Más allá de la clara dimensión electoralista inherente al eco dado a estos incidentes, la permanencia de estas manifestaciones de violencia denota que los motivos de la crisis revelada por la revuelta del año pasado, lejos de atenuarse, siguen vigentes, si no se han visto todavía más agravados por la política ultra represiva llevada a cabo por el ejecutivo francés desde hace un año, no sólo en el ámbito jurídico sino también socio-económico. Los propios servicios de inteligencia interior (les Renseignements Généraux) - en contra de las afirmaciones del omnipresente Ministro del Interior que quiso quitarle toda dimensión social a la revuelta del año pasado - ya analizaron en su día la revuelta, unas pocas semanas después del “final” de los disturbios, como una revuelta popular, sin líderes, que aunque desencadenadas por las declaraciones pirómanas y despectivas de Sarkozy (“chusma”), eran la consecuencia de una situación de exclusión social y de pobreza alarmante. El rebrote actual no hace sino señalar la vigencia de este diagnóstico, una situación agravada por la actitud de un ejecutivo que a lo largo de este último año, lejos de tomar en cuenta las dificultades socio-económicas y urbanísticas inherentes a la problemática de la banlieue, no ha hecho más que acentuar, en lo simbólico como en lo concreto, la violencia social ejercida desde el estado hacia las poblaciones de la periferia.

Para hacerse una idea del nivel de descontento que han podido generar, basta recordar las distintas reformas ultra-liberales del gobierno que, a raíz de las revueltas del año pasado han sido cínicamente impulsadas este año, con la falsa coartada de querer mejorar la situación en las barriadas. Primero hubo, en diciembre de 2005, la reforma de la educación prioritaria: un sistema de discriminación positiva con el que la República otorgaba hasta ahora, a los centros de enseñanza que acogían a una población escolar socialmente desfavorecida, más medios presupuestarios y humanos (profesores, asistentes sociales, educadores, vigilantes etc.), con el objetivo de favorecer el éxito escolar y social de los alumnos. La nueva reforma impulsada despúes de las revueltas reduce el número ya escaso de establecimientos así tratados, por cuestiones de reducción del déficit del estado y de redistribución del dinero hacia otras prioridades, en un contexto de reducción del IRPF para los más privilegiados.

Luego en Enero de 2006, vino la mal nombrada Ley de Igualdad de Oportunidades, con su larga lista de medidas ultra-liberales. Primero, la reducción de la edad de salida del sistema escolar a los 14 años para estimular las soluciones de aprendizaje en relación con el mundo empresarial; una medida presentada como un instrumento para favorecer la integración de las poblaciones marginadas, claramente interpretada por los interesados como una herramienta de selección social dentro del marco escolar. Luego, la autorización del trabajo nocturno para los menores, las sanciones financieras respecto a las familias sospechosas de desinteresarse de la educación de sus hijos (en caso de ausencias escolares o de delincuencia, por ejemplo) mediante una suspensión de las ayudas sociales y familiares. Una medida supuestamente destinada a luchar contra la tan cacareada dimisión de los padres, presentada el año pasado como una de las razones fundamentales del desencadenamiento de la violencia arrabalera. Y claro - todo el mundo lo recuerda - el famoso CPE, hoy difunto, que prometía el empleo a los parados menos calificados de las afueras (¡así fue como Villepin no dudó en presentarlo durante la lucha anti-CPE de principios de 2006!), mediante la creación de un contrato basura más, que institucionalizaba la precariedad para todos los jóvenes de menos de 26 años. Los 4 meses de batalla que el conjunto del mundo estudiantil tuvo que librar contra las mentiras y la propaganda del ejecutivo, han dejado profundas huellas de resentimiento entre los jóvenes de la banlieue que veían hasta ahora el hecho de obtener un diploma como una de las únicas posibilidades de promoción social.

Aunque parece evidente que todos los problemas de la banlieue no se pueden resolver en un día, en especial los que están relacionados con los desastres urbanísticos, causados por la construcción deliberada de espacios marginados y relegados geográficamente, lejos de los centros hoy capitalistas de las grandes ciudades (para hacerse una idea de la magnitud de la tarea baste recordar el comentario desesperado del actor y cómico francés de origen magrebí Jamel Debbouze, nacido y criado en la banlieue sur de París, que hace poco declaraba respecto al urbanismo de las afueras, que no veía otra solución que destruirlo todo y volver a empezar de nuevo…), no cabe duda de que todas estas medidas agresivas, que refuerzan claramente la precariedad en la que viven las poblaciones periféricas, han reforzado en lo simbólico su sentimiento de marginación y de opresión. Esta violencia social dirigida desde la esfera institucional no ha hecho más que agravar el resentimiento de las afueras respecto a la República, que en lo concreto coloca a todos estos barrios bajo estrecha vigilancia policial, con el despliegue de miles de agentes que ocupan literalmente y en permanencia el espacio público, un espacio bajo control donde los haya. En este aspecto, el gobierno Villepin actúa con una coherencia escalofriante, al ser perfectamente consciente de que la política de acoso social y represiva que lleva a cabo contra las afueras, no puede ser más que factor de disturbios suplementarios, en una estrategia del miedo que podría convertirse en una de las claves de la elección presidencial del año que viene.