Crisis de régimen en Francia: pese a la enorme movilización del martes pasado, la pirómana pareja del ejecutivo fragiliza, todavía más, las bases del diálogo social y del juego democrático, imponiendo por la fuerza la reforma del Código Laboral que acaba de promulgar Chirac en televisión. Con esta decisión se abre un período de enorme incertidumbre en cuanto a la orientación que tomará el movimiento social y se hace cada vez más inevitable la percepción anti-democrática por parte de la ciudadanía de una República ultra-jacobina y autoritaria.

1. CRISIS DE RÉGIMEN: SE AGOTA EL MODELO DE LA V REPÚBLICA

Las manifestaciones convocadas durante la jornada de huelga interprofesional del 28 de marzo, con su apabullante número de asistentes -más de 2 millones 700 mil personas desfilando en filas apretadas y a paso ralentizado por las calles de las distintas ciudades francesas (y no un millón, como se empeña en señalarlo la corresponsalía de El País, que recoge, sin interrogarse sobre la objetividad de dicha cifra, el recuento realizado por el Ministerio de Interior)- representan todo un hito en la historia contemporánea francesa, en la que jamás se había alcanzado una cifra tan alta de manifestantes contra un proyecto gubernamental. Ni siquiera en las míticas e importantísimas movilizaciones de 1995 o durante la batalla de las jubilaciones de 2003 –ambas regularmente estimadas en dos millones-, el movimiento social francés había llegado a alcanzar una fuerza de tal magnitud. Una marea humana desbordante y nunca vista, en un país acostumbrado a salir a la calle y que se ha ido fortaleciendo de modo exponencial, convocatoria tras convocatoria. Las cifras del 28 de marzo (a la espera de las de la futura jornada de movilización convocada para el cuatro de abril) duplican, en efecto, las del sábado 18, que ya había reunido la altísima cifra de millón y medio de personas y triplican las del 7 de marzo, desmintiendo de momento, con la entrada en el conflicto de amplios sectores de trabajadores del sector privado (sobre todo en provincias), los cálculos de los estrategas gubernamentales, que predecían un agotamiento progresivo del movimiento y un escaso apoyo del sector laboral en esta revuelta esencialmente protagonizada desde sus inicios por estudiantes y alumnos de instituto.

Estas cifras constituyen un auténtico terremoto político por la claridad del mensaje que transmiten los manifestantes al gobierno : la creciente movilización de los anti-CPE, más allá del contenido de esta reforma, se ha construido y reforzado evidentemente, en torno a la intransigencia gubernamental encerrada en su voluntad de doblegar psicológica y a ser posible, definitivamente, esa excepción cultural y social francesa (ambición Thatcheriana apenas velada por Chirac). Excepción ésta, que hace que regularmente el país se oponga al progreso de un liberalismo cada vez más salvaje, manteniendo siempre un espacio para las utopías que abogan por otras visiones del mundo. No sin razón el movimiento es actualmente objeto de una campaña en su contra -a través de los principales órganos de prensa internacional- que recuerda las críticas que llovieron el año pasado sobre los que se atrevieron a defender el No a la constitución europea (veánse en el caso de la prensa española, los artículos publicados en El País, La Vanguardia o A,B,C por sólo citar unos ejemplos).

Lo que se denuncia y se censura ahora mediante estas manifestaciones, no sólo concierne la visión ultra-liberal del mundo que quieren imponer Chirac y sus acólitos a través de la mal llamada Ley sobre la Igualdad de Oportunidades, sino todo el método gubernamental que ha caracterizado la legislatura de este presidente mal elegido y apenas legítimo. Lo que se expresa en la calle es el profundo hastío de una franja cada vez más importante de la población, frente al déficit democrático y la actuación arrogante y autoritaria, de unos dirigentes que hoy con Villepin y ayer con Raffarin, se han distinguido por su desprecio hacia los actores sociales y por la relegación del debate público a un puro simulacro espectacular de democracia. Un simulacro que, lejos de servir a la democracia social, ha hipotecado a lo largo de estos últimos tres años las vías habituales de diálogo y de debate democrático, mediante el recurso a métodos perversos, brutales e hipócritas. Métodos todos ellos ideados desde las altas esferas del ejecutivo, al que la V República reserva el control de casi todas las iniciativas cuando no de todos los poderes, para abreviar el debate parlamentario casi inexistente de la representación nacional y así pillar desprevenida a la clase trabajadora y a los sindicatos.

La reacción de los manifestantes y de la mayoría de los franceses que expresan también su desacuerdo en las encuestas (el 80 % expresa su desconfianza respecto a Chirac y Villepin y el 70 % expresa su oposición al CPE) proclama esta aspiración de la también mayoría de la población a una mayor participación democrática en la toma de decisiones políticas y manifiesta aunque de modo todavía informal y quizás inconsciente, la voluntad de un cambio ya no sólo de la mayoría política sino del sistema político. Se evidencia en efecto la crisis política de un régimen presidencialista autoritario y simplificador -creado por De Gaulle a su medida de Caudillo, pero agotado y pervertido por Chirac- y donde el papel del presidente y de su gobierno predominan sobre un parlamento a sus órdenes que, en raras ocasiones, hace valer su rol de contrapoder o simplemente de plataforma de propuestas legislativas autónomas (recordemos aquí el título del famoso libro de Mitterand a propósito de la V República, en su época de acérrimo adversario de De Gaulle: El golpe de estado permanente); el escrutinio mayoritario impide además en las elecciones generales, la aparición de nuevas orientaciones políticas, alternativas al prisma político bi-polar habitual, demasiado a menudo reducido a las propuestas de los partidos de centro-izquierda y de derecha, todos ellos representantes en distinta medida de un pensamiento económico único.

La crisis actual es por lo tanto una crisis de representación y de legitimidad democrática en la que la mayoría de la población no se siente representada por sus gobernantes. Si bien esta crisis nace de la estrechez o casi ausencia de espacio dejado a la expresión del sentir mayoritario de la ciudadanía por el gobierno actual (el no tomar en cuenta la importancia de la contestación, ni tan siquiera para suspender la reforma tan criticada del CPE y abrir una serie de rondas de negociaciones, que es lo que al fin y al cabo se limitan a pedir de momento las principales organizaciones que lideran el movimiento), también hace eco a las frustraciones acumuladas en los distintos conflictos sociales del segundo mandato de Chirac -todos resueltos con mano dura y sin dar jamás su brazo a torcer-, así como a la indiferencia con que Chirac, comportándose como si fuera un déspota ilustrado que supiera mejor que su propio pueblo lo que es bueno para él, acogió los resultados más que negativos de las elecciones intermediarias. Estas derrotas electorales y sociales, más que iniciar un cambio de rumbo en la política ultra-liberal llevada a cabo por Raffarin o Villepin (como era el caso habitualmente hasta 2002, por lo menos en superficie), agravaron la situación al aumentar el recelo del poder respecto a sus propios administrados -vistos como obstáculos al soplo liberal y supuestamente modernizador de la historia para la que se supone que trabajan en el secreto de su intimidad egotista Villepin-Bonaparte y Chirac-De Gaulle – un recelo que se ha ilustrado hasta hoy por un aumento del autoritarismo y un secuestro del debate democrático. Esta rigidez que hasta esta legislatura, nunca había alcanzado ese nivel tan alto (el propio Chirac se vió obligado más de una vez a retirar sus proyectos en el pasado), lejos de manifestar la fuerza de un ejecutivo que dispone de una mayoría aplastante en la asamblea y en el senado, oculta a duras penas una debilidad consustancial : la falta de legitimidad de esta segunda legislatura de Chirac, que nace con el modo en que Chirac fue elegido en la segunda ronda del escrutinio presidencial contra Le Pen. El profundo sentimiento de déficit democrático viene de ese pecado original de Chirac, elegido por el 82 % de una población que votó a regañadientes para evitar a Le Pen, un resultado electoral que evidenció lo caduco del sistema de elecciones presidenciales, para representar la diversidad de unas sensibilidades políticas en constante devenir, en particular a la izquierda.

La calle es por tanto, el único espacio reservado a esta aspiración de renovación democrática en el sistema actual ya que la malograda tentativa protagonizada por los electores de izquierda durante el escrutinio presidencial para encontrar una vía alternativa a la izquierda oficial de Jospin, se saldó con la desaparición de su representante en la segunda ronda, por primera vez en décadas (una desaparición no debida a una debilidad en votos de la izquierda sino a su dispersión, lo que sanciona inevitablemente el escrutinio mayoritario). Una situación de frustración que los representantes de la izquierda no han dejado de intentar superar haciendo oír su voz en los distintos conflictos que han agitado el hexágono a lo largo de estos tres últimos años, privilegiando la lucha social al combate por el poder.

2. LA TENTACIÓN DE LA FUERZA.

La decisión de imponer por la fuerza el CPE abre por tanto un período rico en incertidumbres, ya que la situación explosiva de estos últimos días presenta cada vez más signos de radicalización, a medida que aumentan por otro lado los signos de agotamiento y de crispación que produce el autismo del gobierno.

El cálculo de Villepin -que en esta batalla lucha sobre todo por el liderazgo a la derecha frente a un Sarkozy que a lo largo de la semana, temeroso de ver su victoria en las presidenciales seriamente comprometida por este conflicto, ha pedido reiteradamente la suspensión del CPE y la apertura de nuevas negociaciones- es simple cuando no simplista : considera que el movimiento con las manifestaciones y la huelga del 28 de marzo ha alcanzado su punto más álgido y que le será difícil al frente sindical y estudiantil volver a repetir un nivel de movilización tan alto como el del 28 de marzo, sobre todo si tomamos en consideración las propuestas que anoche formuló Chirac para acompañar la promulgación de la Ley, y que aunque confusas iban claramente destinadas a resquebrajar la unidad de los oponentes al CPE.

La evolución de la situación en los próximos días será particularmente interesante de analizar a este respecto, pero no parece que vaya a ser el factor Chirac, el que permita una rápida salida de la crisis. Muy al contrario la confusión que caracterizó la intervención de Chirac, no se limitó solamente a los primeros minutos de su alocución, durante los cuales un grave problema de sonido, devastador para su imagen ya de por sí ridícula, hizo inaudible su discurso -primero un fenómeno de eco y luego un desfase entre el movimiento de los labios y el sonido de la voz-, sino que alcanzó el fondo y el contenido de todo su discurso. Consciente de que esta crisis que no encuentra salida puede tener consecuencias sobre la estabilidad política del país, pero al mismo tiempo deseoso de salvar a su primer ministro/delfín y heredero putativo con cuyo espíritu agresivo y ambicioso se identifica, frente a un Sarkozy al acecho, Chirac propuso un vía aparentemente mediana de salida al conflicto que, lejos de resolver nada, ha sido interpretada por los representantes del movimiento social como una maniobra política autoritaria que ningunea una vez más la fuerza de la protesta. Al no poder suspender la Ley sin tomar el riesgo de desacreditar definitivamente a Villepin y así poner en órbita a Sarkozy como campeón de la derecha en las futuras elecciones presidenciales, Chirac decidió ayer correr el riesgo de promulgar la Ley sin más dilaciones y sin dudar tampoco en dar a los franceses una cínica lección de supuesta democracia, parapetándose detrás del voto de la asamblea nacional y el visto bueno dado el jueves 30, por un Tribunal Constitucional compuesto en su mayoría de “sabios” cercanos del poder. La única señal que mandó en dirección de los anti-CPE fue la propuesta confusa de proponer rápidamente otra Ley (esta vez elaborada conjuntamente con los interlocutores sociales…) destinada a enmendar la anterior en dos puntos que equivaldrían a vacíarla de su contenido : 1/Rebajar el período de prueba a un año; 2/ Obligar el patrón en caso de despido antes de una año a motivarlo, un plan de retirada ideado por Villepin en realidad desde el 18 de marzo, pero que no ha sido divulgado hasta que se ha alcanzado el máximo nivel de crispación que conoce hoy el país. Esta mañana, los líderes de la UMP se han apresurado a tomar contacto sin éxito con las principales confederaciones sindicales para tratar de convencerles de que no se trata de una nueva estratagema del poder para disolver el movimiento, a la espera de una hipotética reforma que tardaría mucho tiempo en instaurarse simplemente por los plazos legales que se deben respetar. Ningún sindicato se siente satisfecho con esta posible reducción del período de prueba : todos sin excepción, profundamente irritados -aunque no sorprendidos- por la imposición de la Ley por la fuerza, mantienen de momento su unidad frente a la trampa del gobierno y llaman al refuerzo de la movilización contra el CPE para la nueva jornada de huelga y de manifestaciones prevista para el martes 4 de abril.

Parece por tanto que la táctica ideada por Villepin y sus secuaces con la colaboración aparente de un Sarkozy deseoso de salir del atolladero, no funciona, de momento. Habrá que ver cuáles son las repercusiones -especialmente el día 4- de la confusa propuesta de Chirac, destinada a convencer a la población de que ya no hay motivo para seguir adelante con esta crisis.

El dispositivo de salida por la fuerza de la crisis ya está preparado como lo revela, más allá del discurso hipócrita y el simulacro de democracia propuesto por Chirac, la decisión tomada por el Ministro de Educación de pedir a los Presidentes de Universidad y directores de instituto, que recurran a las fuerzas del orden para levantar por la fuerza los bloqueos y las amenazas de sanciones administrativas formuladas contra los profesores que, según Gilles de Robien, manipulan a los alumnos y estudiantes, desinformándoles sobre el CPE e incitándoles a hacer huelga.

Estas declaraciones no han sido puestas en práctica de momento, ya que la mayoría de los directores de instituto, conscientes de las consecuencias desastrosas que podría tener en la situación actual una intervención de la policía, se han negado a recurrir a ella. Sin embargo, en caso de debilitamiento del bloqueo podrían ser aplicadas a rajatabla, como ocurrió el año pasado durante la lucha contra la ley de educación que se terminó con la criminalización de sus líderes y el desalojo brutal de los huelguistas. Por otro lado, el terreno de la represión ha sido cuidadosamente preparado a lo largo de estos últimos días por Nicolás Sarkozy, a través de la estigmatización sistemática llevada a cabo, tanto por el Ministerio de Interior como los medios de comunicación e incluso los propios actores del movimiento social, contra los “casseurs”, vocablo que denuncia a los actores violentos de las manifestaciones que se han distinguido en las últimas jornadas por sus agresiones contra manifestantes, policías o comercios. La amalgama realizada contra estos individuos, al no interrogarse jamás sobre las motivaciones de una violencia, a veces, ciertamente gratuita e incomprensible para algunos, pero en otros casos, motivada por la actuación vergonzosa de la policía y sobre todo la actitud anti-democrática del gobierno, es especialmente peligrosa si pensamos en el proyecto represivo que se cierne sobre el movimiento. Proyecto que intentará acabar con él en cuanto la opinión de los franceses abogue mayoritariamente por un cese de la crisis en un juego peligroso que podría volverse contra el gobierno. La mayoría de los oponentes al CPE, a medida en que se vayan radicalizando -dada la inflexibilidad del gobierno- corren el riesgo de acabar encerrados a porrazos en esta categoría, como ya lo han sido los centenares de detenidos que al hilo de las manifestaciones, han sido acusados de violencia contra la policía, con acusaciones basadas simplemente en el testimonio de las fuerzas del orden [1].

3. CAPACIDAD DE RESISTENCIA DEL MOVIMIENTO SOCIAL E ÍNDICES DE RADICALIZACIÓN

La capacidad de resistencia de un movimiento fuerte pero con pies de barro, por la ausencia de movilización de momento, de los asalariados al lado de los estudiantes, representa la gran incógnita creada tras la intervención de Chirac. Por un lado, se puede pensar en la desconfianza acumulada por la población hacia su ejecutivo para que entienda el alcance de la maniobra presidencial. Pero por otro lado, está también el factor tiempo, quizá el mayor aliado de Villepin, que cuenta con la llegada de las vacaciones de semana santa al final de la semana que viene, para que se apague definitivamente el movimiento. A partir del viernes 7, las distintas regiones francesas entrarán en un proceso vacacional progresivo, a lo largo de cuatro semanas. La resistencia del movimiento se verá entonces claramente puesta a prueba, como ha pasado con los conflictos de estos últimos años.

Los enfrentamientos y las divisiones en las facultades entre pros y anti-bloqueo, aunque minoritarios todavía, van cobrando cada día más importancia a medida que se acercan las fechas de los exámenes de fin de curso. El número de facultades bloqueadas (57 de 84), sigue siendo muy alto y los institutos tampoco dan signos de debilitamiento (600 de ellos seguían cerrados o bloqueados ayer en un momento en que se esperaba la intervención de Chirac y algunos habían decidido levantar momentáneamente el bloqueo). Por mucho que los telediarios muestren una y otra vez las imágenes de unos pocos padres de alumnos que, en Nantes, intentaron el jueves por la mañana, reventar un bloqueo ante unas cámaras de televisión oportunamente presentes desde las primeras horas de la mañana en las puertas de un establecimiento prestigioso de la ciudad, la movilización, en un principio vista como aleatoria y fluctuante, de los jóvenes de los institutos, cobra día a día más fuerza, coherencia y capacidad organizativa.

Así es como la experiencia adquirida por los alumnos de mayor edad en la lucha del año pasado contra la controvertida Ley de Educación, se transmite a una nueva generación que descubre la lucha política y social, dándole cada vez más firmeza a su discurso. Los alumnos de institutos se organizan a menudo, bajo la presión de los directores, en asambleas generales destinadas a aíslar y marginalizar a los líderes de la revuelta, pero se saldan en la mayoría de los casos, con la victoria de los pro-bloqueos en las votaciones con boletín secreto, organizadas en los establecimientos escolares.

La mayor incógnita y la mayor debilidad del movimiento sigue siendo la del sector laboral que no acaba de movilizarse de manera duradera contra el CPE mediante una huelga continua y generalizada en la que, de momento, no se atreve a entrar, por mucho que lo desee en su fuero interno, una mayoría de la población sangrada económicamente por el gobierno en los conflictos anteriores. Se puede confíar en la ceguera de este gobierno sin embargo, para alimentar la resistencia de un movimiento que tiene, dada la inflexibilidad del gobierno, todavía muchos días por delante con la posibilidad de ampliar el abanico de sus reivindicaciones y de cuestionar su legitimidad. De hecho, a partir de hoy, las principales organizaciones estudiantiles llaman a los anti-CPE a radicalizar sus acciones y a generalizar por todo el territorio, mediante acciones espontáneas, el bloqueo de modo sistemático, ya no sólo de facultades o institutos sino de aeropuertos, autopistas, estaciones de trenes, etc.. La semana que viene será por tanto crucial en cuanto al alcance político y al posible desenlace de este conflicto.

[1] Un nuevo episodio de la justicia expeditiva que se practica en Francia desde la instauración de los juicios en comparación inmediata, cuya arbitrariedad se ilustró durante las revueltas de las banlieues, con la condena sin pruebas de numerosas personas a penas de cárcel.