2-Lo que el decreto presidencial explicita es que nosotros todavía estamos buscando los cuerpos sin vida de nuestros padres. No sólo los buscamos a ellos. Junto con Santucho y Urteaga desaparecieron Liliana Delfino, Ana María Lanzilloto (y el hijo que llevaba consigo), Domingo Mena y Fernando Gertel. Sus restos también deben ser encontrados y restituidos.  Y no somos los únicos. La mayoría de los treinta mil desaparecidos aún permanecen en ese limbo creado por los militares como una verdadera usina de terror. ¿Pero cuál es el motivo de un silencio y un ocultamiento que a estas alturas se ha vuelto terco e irracional? ¿Y qué es lo que se torna evidente cuando toma estado público nuestra búsqueda de ejercer un derecho tan básico? Se trata de la sencilla pero persistente verdad de que resulta imposible cualquier reconciliación.  Pues, ¿cómo podríamos convivir con quienes están imposibilitados de asumir las consecuencias de sus actos de exterminio?  Si no nos reconciliamos es porque los efectos de aquellas decisiones son irreversibles. La reciente y aún irresuelta desaparición de Julio López destruyó toda ilusión de un final feliz. No puede haber verdadera democracia mientras aquel fondo de impunidad perdure. Y ese fondo no ha cesado de volverse más denso, sobre todo si atendemos ya no sólo a las injusticias del pasado, sino también a las que hoy existen de mil maneras (no menos violentas) en los barrios, las cárceles y en las calles de todo el país.

3-Quizá nuestra última reflexión no se derive inmediatamente del decreto presidencial. Tal vez ello se deba a que se trata de un sentimiento más personal, de poca relevancia en la discusión mediática y en la agenda de coyunturas. Sin embargo, no nos parece superflua agregarla: nos incomoda ocupar el lugar de víctimas condenadas a ejercitar un reclamo eternamente insatisfecho. La búsqueda de estos cuerpos, para nosotros, forma parte de un anhelo vital. Su eventual hallazgo habilitaría el velorio que todos merecemos. Pero su sentido de justicia más profundo depende de nuestra capacidad para prolongar el espíritu de rebeldía y emancipación que se encarna hoy en los cuerpos que resisten la miseria del poder.

Por Ana y Mario Santucho *

* Hijos de Mario Roberto Santucho.

 
Pagina 12 - 07-11-2007


KIRCHNER ORDENO QUE SE TOMARAN MEDIDAS PARA HALLAR LOS RESTOS

En busca del cuerpo de Santucho

Ante las negativas militares a informar dónde se hallan los cadáveres de los líderes del ERP Mario Santucho y Benito Urteaga, el Presidente instó a las Fuerzas Armadas a brindar colaboración de manera urgente. Se presume que los cuerpos estarían en Campo de Mayo.

La Casa Rosada inició ayer su actividad con una reunión entre Néstor Kirchner y la ministra de Defensa, Nilda Garré. El Presidente le ordenó, en su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea tomen "todas las medidas que resulten conducentes a fin de lograr la recuperación de los restos de Mario Roberto Santucho y Benito Jorge Urteaga". El reclamo por la localización de los cuerpos de los líderes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) lleva ya muchos años y, tras el fracaso de numerosas excavaciones, se renuevan hoy las esperanzas de sus allegados. Luego de sucesivas negativas de los militares a informar la ubicación de los cadáveres, el Poder Ejecutivo les reclamó de manera "urgente" que se brinde colaboración y, de ser necesario, procederá la Secretaría de Inteligencia (SIDE) a autorizar el acceso a la información.

La ministra de Defensa mantendrá entre hoy y mañana una reunión con familiares de Santucho, el abogado Manuel Gaggero y Facundo Urteaga, hermano de Benito, para ultimar detalles sobre los pasos a seguir. Van a informarle las investigaciones realizadas y acordar cómo continuar la búsqueda.

"Estamos contentos", se anticipó Manuel Gaggero, antes de que Página/12 le preguntara sobre el tema. El abogado de los familiares de Santucho y Urteaga, se declaró "absolutamente convencido" de que las Fuerzas Armadas tienen información sobre los paraderos aunque no pudo poner la misma certeza en la voluntad militar para encontrarlos. En julio de este año, Gaggero envió una carta documento a la Rosada con el pedido que se concretó ayer. Por esos días, Kirchner recibió en Tucumán a Blanca Santucho y le "prometió profundizar la investigación para encontrar los restos" de su hermano.

El 19 de julio de 1976, Santucho y Urteaga fueron asesinados por un grupo comando integrado por hombres del Batallón 601 del Ejército y de la Policía Federal, al mando del capitán Juan Carlos Leonetti. Estaban en un departamento de Villa Martelli junto a Liliana Delfino, Domingo Mena y Ana Lanzillotto –embarazada de seis meses–, todos ellos desaparecidos.

Según la versión que quiso instalar la dictadura, los líderes guerrilleros murieron en un "enfrentamiento" y sus acompañantes fueron "trasladados" a Campo de Mayo. Una semana después de presentarse en la prensa como "una victoria en la lucha contra la guerrilla subversiva", el tema desapareció de los medios de comunicación. Al cumplirse 20 años de esos hechos, se inició la primera causa para averiguar el destino de los cuerpos. El juez federal de San Martín, Alfredo Bustos, intentó sin éxito establecer los paraderos.

La declaración del suboficial "arrepentido" Víctor Ibáñez había aportado información sobre el lugar donde se encontrarían los cuerpos cuando admitió que fueron enterrados en Campo de Mayo, cerca de donde funcionó el Museo contra la Subversión. Se buscó en el predio que señaló el represor y no se hallaron los cadáveres. Durante la investigación fue hallada una foto de Santucho aparentemente muerto y se pudo recuperar su diploma de contador: ambos documentos eran exhibidos como "trofeos de guerra" por Antonio Bussi.

Hasta la fecha, existen cuatro expedientes en la Justicia con más de cinco mil fojas, de los cuales dos se encuentran "en pleno trámite". En el 2002, cuando los demás casos fueron paralizados, se recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por estos días la CIDH solicitó las actuaciones realizadas para corroborar si se cumplió con el fallo de la Corte Suprema que en ese entonces reconoció el "derecho a la verdad" de los familiares de los desaparecidos.

Gaggero le contó a este diario que está en condiciones de ser elevada a juicio la causa penal que lleva entre los acusados a Santiago Omar Riveros, jefe del Comando de Institutos Militares que funcionaba en Campo de Mayo; Antonio Domingo Bussi, subjefe de ese organismo; y José Eduardo Valladares, secretario administrativo de Riveros. Los militares están imputados por homicidio, tormentos y, posteriormente, fue incorporada la figura de genocidio, reconocida por el tribunal que condenó a Miguel Etchecolatz.

Desde el Gobierno, intentan "reafirmar la firme voluntad y decisión de contribuir al completo esclarecimiento de los hechos". Sin embargo, hasta ahora nada pudo torcer la voluntad de ocultamiento por parte de los responsables del genocidio. Sin su colaboración, la búsqueda de los cuerpos no ha arrojado hasta ahora resultados. Al respecto, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, recomendó "bucear entre los documentos del Ejército para poder determinar los posibles lugares de sepulturas clandestinas ya que los militares tienen archivos, documentación e información reservada que aún no fue destruida".

Fuente: lafogata.org