El día 25 de Noviembre del 2006 en la ciudad de Oaxaca, se realizó la séptima marcha multitudinaria convocada por la Asamblea Popular de los Pueblos Oaxaca (APPO) para exigir la renuncia del gobernador Ulises Ruiz y la salida de la Policía Federal preventiva (PFP) de de la ciudad.

  Durante la manifestación, sucedieron hechos violentos entre los manifestantes y la PFP. En los enfrentamientos, se lanzaron cohetes, piedras y cócteles molotov y se incendiaron diversos edificios. La PFP utilizó gases lacrimógenos en contra de los manifestantes y realizó diversas detenciones.

  La red Oaxaqueña de Derechos Humanos tiene constancia de diversas detenciones arbitrarias; además que las algunas de ellas fueron hechas bajo tortura y violencia. Los detenidos no tuvieron acceso a sus derechos constitucionales. Se ignoraba su paradero.

  Al no saber el lugar en donde se encontraban, sus familiares se trasladaron a los penales aledaños a la ciudad de Oaxaca, especialmente a Tlacolula y Mihuatlán. En ambos penales les impidieron el acceso y se les negó arbitrariamente todo tipo de información con respecto a los detenidos.

  A petición de los familiares de los detenidos, el día de ayer a las 14:00 horas miembros de la RODH se trasladaron al penal de Tlacolula. Sobre la carretera, antes de entrar al penal, fueron interceptados por un retén comandado por agentes de la Policía Preventiva del Estado. Los abogados de la RODH, se identificaron y explicaron el motivo de su visita. La orden de uno de los agentes fue que anotaran sus nombres negándoles el acceso. La respuesta de los agentes fue que “tenían órdenes superiores de no permitir la entrada de los integrantes de la Red Oaxaqueña porque las ONG’s son inconstitucionales”.

  Sobre la carretera se encontraba un grupo de aproximadamente 30 familiares de los detenidos. Minutos después salió del penal el visitador general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Oaxaca. Expresó que “los detenidos estaban bien”. Sin embargo, en la visita no habían asistido médicos y psicólogos. Los familiares e integrantes de la Red Oaxaqueña le reclamaron tal omisión.

  Tras una petición expresa, el visitador ofreció a los familiares que haría las gestiones necesarias para que pudieran visitar sus parientes recluidos y el ingreso de sus abogados. El visitador realizó diversas llamadas telefónicas. Acto seguido, les manifestó a las familias que las autoridades del penal le negaron sus gestiones; por tal motivo se trasladaba a la ciudad de Oaxaca “para tener una reunión con el Secretario de Protección Ciudadana”.

  A las 20:40 horas, el Visitador General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Oaxaca regresó nuevamente al reclusorio femenil de Tlacolula. Al encontrarse con los familiares de los detenidos y les dijo “que lo esperaran porque había logrado que entraran a ver a los presos, que esperaran un momento más, que iba a platicar con el director de dicho penal”. Los familiares decidieron esperarlo.

  Minutos después, se acercó un grupo de policías preventivos del estado y de manera grosera les dijo “que se retiraran del lugar o de lo contrario los iba a detener”. El grupo de familiares decidieron estacionarse a orilla de la carretera que conduce al penal; pasaron cinco minutos cuando nuevamente se acercaron unos policías al parecer ministeriales del Estado vestidos todo de color negro y encapuchado, con pistolas R-15 (mejor conocidas como cuernos de chivo) y de forma grosera y amenazante les dijeron “si no se van les vamos a partir la madre, tenemos ordenes superiores de desalojarlos y meterlos a la cárcel junto con sus familiares”.

  Al constatar la actitud de los policías, los familiares de los detenidos decidieron retirarse del lugar, algunos permanecieron en el pueblo de Tlacolula para esperar al visitador. Minutos después el visitador le dijo a los familiares que lo siguieran al penal. Estos cedieron. De pronto, el Visitador paró la camioneta y les dijo que “por seguridad de todos se regresaran porque podía pasar algo grave”. Ante tal intimidación todos decidieron regresar.

  El día de hoy, 141 detenidos fueron trasladados al penal de San José del Rincón ubicado en Nayarit. A ningún familiar se le notificó. Hasta el momento, los detenidos no han tenido comunicación con sus familiares.

Ante tales hechos, la red Oaxaqueña de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh) manifestamos:

  Que cesen lo actos de intimidación y autoritarismo por parte de elementos de la Policía Federal Preventiva, Policía del Estado de Oaxaca y de distintas autoridades del Gobierno del Estado.

  Que el Estado mexicano asuma su responsabilidad de respetar los derechos humanos de todos y todas los oaxaqueños, especialmente de los detenidos.

  Que las personas detenidas tengan oportunidad de comunicarse con sus familiares.

  Que en los casos en los que no haya delito que perseguir, se procesa de inmediato a su liberación.

  Que se garantice la integridad física y psicológica de los detenidos así como la atención médica en los casos que presenten lesiones por el enfrentamiento del 25 de noviembre