Batasuna

Hay momentos en que no se puede callar, permanecer impasible en el sillón viendo las noticias. Por eso la gente que hacemos www.eutsi.org llamamos a nuestros lectores y lectoras a informarse sobre la grave situación que se está viviendo en Euskal Herria, y les pedimos que, en lo posible, trasladen la información a  personas y colectivos afines.

Hacemos un llamamiento a la denuncia activa de estos graves hechos que suponen una agresión flagrante a la posibilidad de una salida acordada y pacífica al conflicto vasco.

Nos solidarizamos con los detenidos y detenidas, y exigimos su inmediata puesta en libertad, así como la de todas las personas detenidas por motivos políticos.
 
Creemos que es el momento de dar una respuesta desde la sociedad civil a esta inadmisible actuación del juez Baltasar Garzón, una vez más, instrumento del gobierno de turno, y demostrar que somos muchas las personas en Euskal Herria, en el Estado Español y en el mundo que estamos dispuestas a denunciar y oponernos a esta cacicada antidemocrática del gobierno español.

Nos sumamos a la iniciativa de blogs vascos FREEBATASUNA para aunar fuerzas de cara a extender la denuncia y la solidaridad en la red.

DETENITUAK ASKATU!
GORA EUSKAL HERRIA! 

(A continuación os reproducimos un extracto deldiario 'Gara' que ilustra lo acontecido. Como ya sabéis, no está entre nuestros objetivos la tarea puramente informativa, sino el ámbito valorativo y de opinión, pero en ocasiones tan especiales como esta creemos de vital interés también difundir lo ocurrido más alla de las tierras vascas).

La operación se desarrolló en Olaberria y en Segura, localidad que desde varias horas antes estuvo repleta de efectivos policiales, según confirmaron a GARA varios vecinos. Además, la Policía española tomó las entradas y salidas del municipio durante horas, impidiendo la entrada al mismo a periodistas que habían acudido nada más cubrir la noticia e, incluso, a vecinos que regresaban a sus domicilios. Además, agentes policiales iniciaron el registro de los domicilios de los arrestados en sus respectivas localidades. 

Al poco de conocerse el alcance de la operación policial, agencias y medios españoles comenzaron a lanzar las habituales especulaciones y análisis policiales sobre el carácter de la misma, aunque lo cierto es que las personas arrestadas realizan una actividad pública y de sobra conocida en este país. 

De hecho, si se confirma la identidad de los detenidos, al menos algunos de ellos han comparecido públicamente casi a diario y, el mismo lunes, una representación de la izquierda abertzale mantuvo un encuentro con expertos internacionales a fin de buscar nuevos caminos para una solución del conflicto. Estos mediadores, entre los que se hallan Roelf Meyer y Brian Currin saben ahora cuál es la posición del Estado español. Asimismo, la operación se produjo la víspera de que una delegación de Sinn Féin visite en Martutene a Arnaldo Otegi. 

Anunciado en la prensa

La actuación contra la dirección de la izquierda abertzale venía anunciándose en la prensa desde hace varias semanas. Los anuncios comenzaron el pasado 9 de setiembre el diario "El País": «El Gobierno está respondiendo al reto etarra de modo `implacable', en expresión del presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Esa decisión se traduce en que no sólo va a atacar al aparato militar de ETA, sino también a la cúpula política, que participó en el proceso de diálogo, y a sus organizaciones afines, aseguran fuente gubernamentales».

El pasado domingo, el periódico "Público", anunciaba que «los jueces aceleran la renovación de Batasuna». Según se señalaba líneas más adelante, «la estrategia diseñada por el núcleo duro del Gobierno para abordar la lucha contra ETA hasta las elecciones tiene tres patas: la eficacia policial, la política penitenciaria y la actuación judicial. El Ejecutivo quiere de esa forma llegar hasta las urnas con una imagen de firmeza que aleje la posibilidad de que el PP pueda utilizar el terrorismo como argumento electoral eficaz». La conclusión era que «el Gobierno da por hecho que antes de las elecciones podría estar en prisión gran parte de la actual dirección de la ilegalizada Batasuna y, en general, de la izquierda abertzale». 

Y el miércoles, "El Mundo", al dar cuenta de la detención de Joseba Alvarez, señalaba que «desde la ruptura del alto el fuego, el Ejecutivo decidió potenciar las investigaciones policiales que permitieran descabezar a toda la izquierda abertzale. Según explicaron fuentes de Interior, la actuación contra Alvarez no será la última. Quedan pendientes diversos sumarios contra la izquierda abertzale y en ellos hay peticiones de pena de prisión por parte de la fiscalía contra sus máximos responsables». 

El Gobierno Zapatero emula la redada del PP en febrero de 1997

Diez años después, y con el juez Baltasar Garzón como mismo brazo ejecutor, el Gobierno español del PSOE repite la maniobra impulsada por el Ejecutivo del PP en febrero de 1997. En aquella ocasión, el motivo esgrimido, que derivaría en una condena anulada luego por el Tribunal Constitucional español, era una iniciativa política: la asunción de la Alternativa Democrática. Ahora, concluido sin resultado el proceso una negociación política con el propio partido del Gobierno, el Estado vuelve a actuar contra la dirección de la izquierda abertzale.

En realidad, el embrión de aquel proceso se puso en la recta final del Gobierno de Felipe González, con la detención de Jon Idigoras el 21 de febrero de 1996. Un año después, ya con José María Aznar en Moncloa, el Tribunal Supremo ordenó detener uno a uno a los mahaikides, en un lento goteo que se prolongó durante varios días y en los que cada arresto estuvo rodeado por muestras de apoyo a los detenidos. En la redada de ayer resultó evidente el interés en evitar que este tipo de imágenes trascendieran a la opinión pública. Los periodistas no pudieron acercarse. 

Los 22 mahaikides recuperarían la libertad, bajo fianza, en abril de aquel año, pero serían juzgados y condenados en otoño: se les impusieron siete años de cárcel por «colaboración con ETA». Permanecerían en prisión durante año y medio, hasta julio de 1999, cuando el Tribunal Constitucional estimó el recurso de amparo presentado por la defensa y confirmó que no había delito en su actuación. Entre tanto, HB conformó una nueva Mesa Nacional, con Joseba Permach y Arnaldo Otegi como portavoces en el primer momento.