A la vez que Colombia aspira a ingresar en la globalización por la puerta usamericana del Tratado de Libre Comercio, niega a los indígenas la posibilidad de comercializar productos de uso cotidiano derivados de la hoja de coca más allá de su demarcación territorial. Lejos de ser una anécdota, el suceso responde a una lucha de intereses que desvelan las posturas de fondo de un gobierno que se esconde en el aparato legal-burocrático para no dar la cara sobre sus verdaderas intenciones: cercenar procesos de identidad indígena, manifestar su poder ante los más débiles, y optar por una estrategia acorde con el neoliberalismo globalizante y sus amigos del norte del continente.

El cabildo indígena caucano de Calderas, Yu´tuk Cxhab del Cauca en Colombia, tuvo hace cinco años una idea brillante: aprovechar sus cultivos de hoja de coca para introducirlos en el comercio legal alternativo al de la cocaína. Pusieron a la venta una bebida refrescante (Cocasek) y un té de coca, y abrieron al horizonte la posibilidad de hacer lo mismo con otros productos como jarabes, pomadas, vino, miel, flanes o tortas, unidos todos por tener a la hoja de coca como ingrediente base.

Hoy, un lustro después, organismos de poder estatal impiden que los indígenas comercialicen estos productos más allá de sus demarcaciones; para ello se amparan en tratados internacionales que prohíben cualquier uso de la coca justificándose con el argumento de que de dicha especie se saca el clorhidrato de cocaína vendido por los narcotraficantes. En concreto apelan a la Convención Única de Estupefacientes del 30-03-61 que otorga al Estado la exclusividad en el uso y comercialización de la coca.

La noticia, simple en principio, da pié para detenernos en algunas reflexiones. Una sería la de cómo compatibilizar esta ley con los recientes estudios de la Universidad de Harvard que sitúan a la planta de coca en el puesto 52 de los de mayor valor nutricional entre los de consumo habitual. Otra, de más calado aún, la de cómo legitimar las armas burocráticas con las que el poder hace de verdugo de un maltrecho y empobrecido pueblo que lleva siglos intentando levantar la cabeza, y que en este caso apela a la imaginación para oponerse a la ilegalidad en que está inmerso. Pero no menos importante es intentar desocultar, desvelar (quitar el velo), o desenmascarar los perversos mecanismos ideológicos que larvadamente operan de fondo, y que nada tienen de inocentes. Las siguientes líneas van en esta dirección y están compartimentadas en tres estratos -internacional, nacional, y local- unidos todos ellos por la vieja y oculta filosofía de que el pez grande se debe comer al chico.

En primer lugar salta a la vista que mientras el país quiere incorporarse a las reglas internacionales a través del TLC cuyo espíritu teórico es globalizar lo local, dentro de sus fronteras –apelando precisamente a leyes internacionales- intenta reducir lo local a su mínima expresión. No es difícil sospechar que detrás de la globalización se camufla el intento del control económico por parte de las grandes corporaciones transnacionales. En otras palabras: la coca tiene cabida sólo si va acompañada del sufijo “cola”, pero “Cocasek” no debe salir de su provincianismo.

La justificación del argumento prohibitivo es del todo patética, ya que confunde el cultivo de la planta de coca, con uno de los derivados que de ella se hacen. Es como prohibir las uvas pasas por la existencia del alcoholismo, los cuchillos por las agresiones que con ellos se cometen, o la electricidad por el uso de la silla eléctrica.

Pero cuando el poder se empeña en enfatizar la función de controlar, de nada sirve utilizar argumentos racionales, culturales, o científicos. Su obcecación por alcanzar sus fines adquiere carácter de cruzada. Si en otro tiempo occidente imponía sus criterios homegeneizantes y monoteístas a base de cruzadas religiosas, hoy lo hace a base de las “democráticas” y “antidroga”. Para ello, como si de un camaleón se tratara, exhibe una sinfonía de caras humanitarias y sanitarias, escondiendo una monocorde racionalidad económico-ideológica. Su éxito dependerá de una población que sentada acríticamente ante el televisor, acepta los mensajes en forma de papilla ya digerida con que a diario se le bombardea. Sirvan como ejemplo los partidos de fútbol que con el lema “fútbol sí, drogas no” llegan a formar parte del acerbo cultural (especialmente navideño) en el que este individuo-espectador cree que por observar dicho espectáculo contribuye a una causa justa. No se da cuenta que el mensaje subliminal de fondo es que hay que aceptar las drogas impuestas por el poder pero no las extraoficiales; es necesario alcoholizarse (de fútbol en este caso) para no tener necesidad de consumir otras drogas.

Y es esta aceptada, teledirigida y estereotipada desinformación del bienintencionado telespectador la que pone alas al proyecto modernizador occidental para que los aviones lancen el glifosato que arrasa los campos de coca colombianos, desertiza sus tierras, y contribuye a la marea de desplazados-desesperados. Mientras, nadie se para a analizar que ningún cultivo “per se” es ilícito, y que como mucho, lo ilícito es lo que se hace con algunos cultivos.

Con el segundo estrato nos situamos a nivel nacional. De entrada se observa una incompatibilidad entre la analizada sentencia que amparándose en vetustas leyes internacionales impide la comercialización de derivados lícitos de la coca, con la Constitución de 1991 que otorga territorios, formas de gobernarse, y capacidad de decisión de sus recursos económicos a las comunidades indígenas. Si descorremos el velo y quitamos el disfraz, lo que nos aparece es un Estado que a pesar de proclamar constitucionalmente el multiculturalismo, lucha por imponer un proyecto uniformador en consonancia con la globalización internacional. Sin embargo es esta doble cara o doble moralidad la que deja al descubierto todos sus defectos, y la que nos hace preguntarnos por qué el Estado que siempre dejó a la deriva a las comunidades indígenas, ahora se ocupa de ellas pero para prohibirles lo que por ley constitucional les pertenece, o hasta qué punto una comunidad (indígena en este caso) que aceptara el cultivo y consumo de una determinada droga no estaría legitimada para ello. No debemos olvidar, como dato complementario, que el “problema” surgido del consumo de cocaína, hasta ahora no está en las comunidades colombianas que cultivan la coca, sino en el narcotráfico y consumo en el extranjero, principalmente EEUU y Europa.

Originariamente las drogas tuvieron componentes sagrados y por tanto legales, pero hoy se ha (les han) situado en lo profano e ilegal. La coartada para su satanización irreflexiva viene en el fondo de supuestos motivos sanitarios. Pero como estos motivos son a todas luces inconsistentes y parciales, no nos queda más que sospechar otra vez, que el intento prohibitivo del legítimo ejercicio de la actividad económica aquí analizada, lo que esconde es el afán de un Estado por controlar a una población para evitar desplazamientos identitarios que puedan “distraer” del proyecto unificador internacional.

Una tercera forma de analizar el problema es desde la óptica de las comunidades indígenas. Desde ellas vemos a la droga como uno de los aspectos más claros en los que observar cómo las realidades locales y étnicas quedan subsumidas en lógicas discursivas globales. Las comunidades indígenas colombianas se han visto inmersas (y también han participado) en un conflicto en el que poderes foráneos como el militar, paramilitar y guerrillero, han tratado de hacer lo mismo: controlar sus territorios y poner a las comunidades al servicio de sus respectivos y homogeneizantes intereses. Entretanto, lo que les llega del Estado, en vez de apoyo (en educación, sanidad, servicios sociales, etc.) es veneno que destruye sus cultivos de coca, y una reforma agraria hecha de facto por el narcolatifundismo. El resultado es una desarticulación de sus comunidades y una profunda conflictividad.

Una de las consecuencias del conflicto –no causa- es el cultivo de la coca que a la postre financia a la guerrilla, enriquece a los narcoparamilitares y corroe al Estado. Muchas comunidades indígenas, desalentadas por la falta de estímulos del cultivo de otros productos, ante el mencionado abandono estatal, con circunstancias extremas de supervivencia, y en el epicentro de un conflicto en el que la droga se ha convertido en poder, han decidido pagar su cuota (de cierta desestructuración comunitaria, abandono de cultivos tradicionales, inmersión en un mercado foráneo, etc.), y optar por el cultivo y comercialización de la planta que más resultado económico les produce. Sin embargo, los intentos que hacen para desmarcarse de las redes de narcotráfico creando su propia y legítima comercialización se ven obstaculizados por un Gobierno que, como dijimos, únicamente se ocupa de ellos para ponerlos trabas.

Es así como el cultivo y la comercialización de la hoja de coca para las comunidades indígenas trasciende las motivaciones económicas, y poco a poco se va convirtiendo en símbolo de resistencia. La defensa de sus cultivos es una nueva forma de lucha contra el olvido, la pobreza y el servilismo al que tradicionalmente les han sometido, y la reivindicación de sus derechos comerciales se convierte en válvula de escape de demandas históricas no reconocidas y de identidad reprimida.

El gobierno cierra los ojos ante esta realidad y se empeña en analizar el problema de la coca desde criterios económicos (el Plan Colombia se sustenta en el erróneo supuesto de que la guerrilla tiene su razón de ser en el enriquecimiento con el narcotráfico), y sanitarios (hay que hacer una cruzada mundial contra la droga porque es dañina).

Lo que se ha intentado sugerir con estas líneas, es que la postura oficialista ante el reto de las comunidades del Cauca no es tanto por ignorancia (no hace falta ser especialista para comprender la obviedad de la contraargumentación), cuanto por mala fe. Se intenta desviar la atención de su verdadero objetivo: evitar el florecimiento multicultural y poliétnico –a pesar de ser constitucional- , que pone en entredicho el discurso globalizante neoliberal en el que el TLC es una de sus piezas importantes. Pero el efecto perverso (para el gobierno) es que su torpe lectura contribuye a potenciar una nueva modalidad de resistencia: la lucha por el cultivo de la coca.

José Antonio Morán Varela

San Agustín

(Colombia)