El miembro del sindicato agrario EHNE y representante en Europa de la Organización Vía Campesina, Paul Nicholson, declaró ayer por la mañana en el juzgado de Gernika en una causa abierta contra él promovida por la empresa multinacional Aracruz Celulosa por participar en un acto de mujeres campesinas en Brasil.

Nicholson, para quien se pide entre 8 y 10 años de prisión está acusado por la multinacional de "arrancar plantas y ocupar un laboratorio de investigación biotecnológica, violación de propiedad privada, destrucción de plantas y de un laboratorio, secuestro, espionaje industrial, robo, formación de banda armada o asociación ilícita, acultación de bienes y/o lavado de dinero".

Según señala EHNE en un comunicado "todo indica que la empresa, apoyada con dinero público del Gobierno de Brasil, intenta dar un gran escarmiento y criminalizar al movimiento campesino que se opone a sus actuaciones masivas de ocupación de tierras y plantación de monocultivos forestales".

La acción por la que se acusa a Nicholson fue realizada el día Internacional de la Mujer Trabajadora por dos mil campesinas para denunciar los "desiertos verdes", enormes plantaciones de eucaliptos, acacias y pinos para celulosa, que cubre millares de hectáreas en Brasil y América Latina. "Allí donde avanza este desierto -explica el sindicato vasco- la biodivesidad se pierde, los suelos de uso agrario se deterioran, los ríos se secan por no mencionar la contaminación que generan estas fábricas de celulosa".

En Río Grande do Sul, zona en la que actúa la multinacional, hay cerca de 360.000 hectáreas plantadas con monocultivos de madera para celulosa por tres empresas, entre ellas Aracruz. Esta tiene plantadas 261.000 hectáreas en tres Estados; en 2003 obtuvo unas ganancias de 300 millones de dólares y, sin embargo, genera un solo empleo por cada 185 hectáreas plantadas. Los desiertos de eucalipto desgastan el suelo y consumen mucha agua; cada árbol es capaz de consumir 30 lítros por día. Hay que señalar el Ministerio Público Federal del estado Espirito Santo abrió un proceso contra la empresa Aracruz Celulosa por hacer publicidad difamatoria contra pueblos indígenas que reivindican las tierras ocupadas por la multinacional que un día les fueron arrebatadas.

En este proceso judicial promovido por la empresa Aracruz Celulosa hay encausadas treinta campesinas del Movimiento Sin Tierra y del Movimiento de Mujeres Campesinas de Brasil, algunas de las cuales ya han pasado por prisión, además de dirigentes de la Vía Campesina, como Henry Saragih (secretario operativo), Juana Ferrer (de la organización campesina Conamuca de República Dominicana), Paul Nicholson (representante de Europa en la Comisión Coordinadora Internacional) y Joao Pedro Stedile (Movimiento Sin Tierra). Para Paul Nicholson se pide una pena de prisión de hasta 30 años.

EHNE considera estas imputaciones como "un acto de criminalización contra las organizaciones agrarias" y estima que las penas solicitadas son desproporcionadas teniendo en cuenta que lo que reivindican las organizaciones como La Vía Campesina es "un uso social y medio ambiental de la tierra así como el respeto de los derechos de los campesinos y campesinas del mundo de poder trabajar en pro de la soberanía alimentaria y por un mundo rural vivo".

Paul Nicholson ha declarado que, "ante coacciones como estas de las multinacionales contra los movimientos sociales que defendemos un uso de la tierra social y ecológico, La Vía Campesina lanza una campaña internacional para convertir este juicio político en un enjuiciamiento de las políticas de las multinacionales".