Y nuestra lucha antinuclear, convertida por una irónica comunidad de intereses en un conflicto en el que las actividades de una de las organizaciones armadas vascas de la época sirven para explicar su consistencia y su victoria. Un relato acuñado al alimón, tanto por quienes quieren escudar su fracaso nuclearista, como por quienes pretenden atribuirse en exclusiva el éxito de la oposición antiatómica.

Mientras tanto, la cala de Basordas, sepultada bajo miles de toneladas de cemento, continúa arañando con su maleza la carcasa de los dos reactores felizmente abandonados a su suerte y cientos de gaviotas anidan sobre los dos gigantescos huevos, en un paisaje que aún hoy nos sigue hablando sobre nuestro mundo y su catástrofe.

El propósito entonces de estas páginas será simple. Ubicar la oposición antinuclear en su tiempo, tratando de desgranar las fases de aquel enfrentamiento, observando en su desarrollo cómo surgieron y fueron articulándose los discursos y prácticas antinucleares, y en qué medida su tiempo político moldeó y fue a su vez moldeado por los acontecimientos alrededor de aquella protesta.

Recordaremos así no tanto las razones antinucleares, como de qué modo llegaron a propagarse éstas, cómo fueron alterándose y consiguieron movilizar intensamente a cientos de miles de personas durante un periodo de cinco años. Y trataremos de comprender cómo un proceso de oposición contribuyó a crear un discurso anticapitalista y ecologista local y cómo éste se midió entre una creciente intransigencia de la que él era parte.

Expresando la compleja relación entre sus discursos públicos y las aspiraciones y razones de sus protagonistas.

De este modo podremos ajustar nuestras cuentas, si bien no con la memoria histórica, al menos con la memoria militante.

El frente anti-contaminación vecinal asume la primera oposición

El proyecto nuclear en la cala de Basordas se inicia oficialmente en 1972, cuando la gran empresa vasca de electricidad, Iberduero, solicita al ayuntamiento de Mungia (Bizkaia) una licencia provisional de obras para la construcción de dos reactores nucleares en la misma: las centrales conocidas como Lemóniz I y Lemóniz II. En agosto de este mismo año, la corporación municipal da su consentimiento provisional para el inicio de las obras.

El plante de los grandes exportadores de petróleo de 1973 cuestionará la dependencia de las centrales térmicas e impulsará la energía nuclear como garantía del suministro eléctrico industrial. En septiembre de este mismo año y de nuevo la empresa Iberduero, propone la construcción de otras tres centrales nucleares en suelo vasco: dos más en la costa: Punta Endata en el término gipuzkoano de Deba y Ogella en Ea-Ispazter y la tercera en la ribera navarra, en Argetas, Tudela.

De este modo, las cinco centrales nucleares proyectadas en localidades de la costa vasca quedarían prácticamente contiguas, mediando entre ellas menos de 30 kilómetros de distancia. Esta proliferación nuclear provoca el rechazo vecinal que cristaliza en la negativa del ayuntamiento de Deba para la construcción de la central en Punta Endata y el consiguiente rechazo municipal de la licencia solicitada.

El ejemplo de Deba, que oficializa su postura en junio, provoca que en los dos meses siguientes otros ayuntamientos de la zona se posicionen claramente contra su construcción y que la preocupación por la instalación de centrales nucleares comience a extenderse.

El pulso entre las corporaciones municipales y la empresa Iberduero (que ya ha conseguido la recalificación de los terrenos de Basordas y se apresura en la edificación de los reactores) sigue sostenido durante el último año del régimen franquista.

La apuesta por la industria pesada, siderúrgica y auxiliar y la de transformación química, requería de grandes aprovisionamientos eléctricos, así como de infraestructuras viarias y portuarias que posibilitaran la entrada y salida de mercancías. Esta visión desarrollista sobre un territorio y una población urbanizados a trompicones se vio refrendada en la emisión del Plan Energético Nacional del 75 (que diseñaba el mapa de los siguientes diez años) y en el que los proyectos nucleares de la empresa Iberduero eran contemplados de importancia estratégica. Como expreso apoyo gubernamental a las inversiones en los proyectos nucleares (imprescindibles en el diseño de crecimiento industrial previsto) se aprobaron medidas de exención fiscal para las empresas eléctricas, posibilitando e impulsando de este modo la financiación de las futuras centrales.

Durante aquel mismo año de 1975, los movimientos vecinales surgidos al calor de los malestares sociales de las poblaciones obreras precariamente urbanizadas comienzan a ser cada vez más numerosos y conscientes de su propia potencia.

En 1969, las protestas en Erandio, Bizkaia, contra las emisiones de gases de las fábricas de la localidad se habían hecho tristemente célebres por los dos muertos que ocasionaran su represión policial. Aquí comenzó uno de los frentes tradicionales de la oposición vecinal había sido el de la «contaminación». En él se agrupaban sus movilizaciones contra los efectos nocivos para la población barrial de la industrias contiguas.

Volviendo al año de 1975, las movilizaciones populares en la localidad vecina de Lejona contra la instalación de una planta de fabricación de insecticidas proyectada por la multinacional Dow-Chemical (la misma empresa que fabricaba el napalm que había asolado Viet-nam) consiguen la desestimación de aquel proyecto, constituyéndose como la primera victoria tangible de la oposición vecinal.

Mientras, al otro lado de la ría, en Lutxana-Barakaldo, el consorcio de Altos Hornos de Vizcaya, junto con los dos grandes bancos vascos (Banco de Bilbao y Banco de Vizcaya, también en origen propietarios de la gran empresa eléctrica Iberduero) proyectan ampliar la fábrica química “Sefanitro” para ubicar allí el mayor centro español de producción de amoniaco. De este modo, en mayo de 1975, comienza un proceso de oposición popular asamblearia en la zona, que combinará prácticas de petición e impugnación legal con movilizaciones cada vez más numerosas.

Inmersos en el clima de radicalización social que avanzaría rampante en el primer trimestre del año 76 con la revisión de los convenios colectivos y que culminaría en los sucesos de Vitoria y Basauri, la oposición vecinal se hace cada vez más poderosa, culminando en una manifestación contra la futura nueva planta con la asistencia de 50.000 personas, que provoca la denegación municipal y el abandono consiguiente del proyecto.

Tras estas victorias las movilizaciones vecinales en la zona no decrecen y el malestar popular se focaliza contra las emisiones tóxicas de la central térmica de Santurce, cuyas instalaciones ya habían explosionado años antes. Cuatro mil personas integran la marcha de protesta en junio de 1976 contra esta térmica, cuya titularidad pertenece también a la empresa Iberduero.

Otros conflictos coetáneos como el que moviliza al combativo barrio bilbaino de Rekalde contra la ubicación de un nuevo verterdero de basuras en Artigas, nos permiten valorar el malestar popular que se vivía en aquel entonces ante los problemas originados por las industrias y en particular por sus emisiones de gases, que sumían la zona metropolitana bajo un permanente smog, y que se traducía en un activo movimiento vecinal con efectividad práctica en sus políticas de oposición.

En este contexto social, en mayo de 1976, se da a conocer un organismo exclusivamente dedicado a la oposición contra los proyectos nucleares en suelo vasco de la empresa Iberduero: la Comisión por una Costa Vasca No Nuclear. Integrada por técnicos ligados al movimiento vecinal, se dedicará a comenzar a organizar las movilizaciones contra las centrales, utilizando para ello los recursos exitosos con los que la oposición vecinal había conseguido placar a enemigos idénticos y paralizar proyectos de enorme envergadura como la ampliación de la Sefanitro.

La táctica que esta Comisión desplegará será insistir en las irregularidades administrativas que la empresa Iberduero se encontraba cometiendo en sus avanzadas obras en Basordas (como constituía que con una licencia provisional que sólo habilita una adecuación efímera del terreno se hubiera acometido la propia construcción de la central), para conseguir de este modo la paralización inmediata de su construcción.

Este objetivo táctico se intenta llevar a cabo con una primera petición firmada por 150.000 personas a la Diputación bizkaina con la exigencia de detención de las obras de la central de Lemóniz, campaña que se apoya en la desafección vecinal para con los proyectos de la prepotente empresa eléctrica, bien instalada en los mecanismos de decisión del régimen franquista ya saliente e identificada popularmente con él.

La presión demográfica que se vivía en un área industrial como la de la ría bilbaína, junto con los nocivos efectos fabriles, fueron de inestimable ayuda para que el discurso sobre los peligros de un accidente nuclear o de las emisiones radioactivas calaran y se tradujeran en prontas movilizaciones.

En agosto, y tratando de coincidir simbólicamente con la fecha de emisión de la licencia provisional, se realizará la primera de las marchas contra la central entre las localidades vecinas de Plencia y Gorliz, a la que acuden 50.000 personas.

Será el preludio de unas movilizaciones que (pivotando sobre las deficiencias técnicas y administrativas en la construcción de la central y sobre los peligros para la población y para la zona metropolitana bilbaina contigua a Lemóniz), vayan progresivamente organizando el rechazo popular a la energía nuclear.

Ante aquel malestar creciente, la empresa Iberduero, en septiembre del mismo año, solicita la licencia «definitiva» para resolver de este modo su irregularidad administrativa, pero la relación de fuerzas ha cambiado y el ayuntamiento no se la otorga.

De este modo, las claves del trabajo de esta comisión de profesionales en estrecha colaboración con las asociaciones de familias y vecinos, desde los presupuestos tradicionales de la oposición vecinal (crítica a la prepotencia administrativa, exigencia de un control y participación popular en el diseño zonal) dieron los esperados frutos: en una actividad militante creciente en julio de 1977, se produce la mayor de las manifestaciones contra la central: 150.000 personas se concentrarán en la villa de Bilbao para exigir una consulta popular que posibilitara su paralización.

Amanece la conciencia antinuclear

Estas fechas son también las de las primeras elecciones al parlamento del nuevo régimen democrático donde emergen las ambiciones y los intereses de los refundados partidos políticos, tanto los que aceptarán la propia convocatoria y se irán instalando y apuntalando la nueva legalidad, como de los procedentes del nacionalismo y/o marxismo revolucionario que optarán por el rechazo a la convocatoria. Y en paralelo, tiempo en el que el movimiento obrero asambleario va resintiéndose tras su curva ascendente y acumulativa que ya duraba tres años.

En octubre de 1977 comienzan las primeras iniciativas de caladura del primer gabinete de la democracia. Un pacto de contención (los llamados Pactos de la Moncloa) que posibilita la moderación de las aspiraciones obreras y el pliegue de sus intereses a los ritmos de la economía de mercado y una ley de amnistía destinada exclusivamente a los presos políticos, como principal símbolo de ruptura con el anterior régimen.

Esta amnistía (arrancada mediante movilizaciones populares con grandes costes represivos) deja fuera de la misma a los más comunes de los presos, los por ello denominados comunes, que prosiguen con sus amotinamientos, mientras sus solidarios en las calles visibilizan sus reivindicaciones y, por ende, la de todos los grupos perseguidos por las leyes de «peligrosidad social».

Es el momento en el que eclosionan los colectivos homosexuales políticos, y en el que las diferentes corrientes del feminismo, muy activo en el interior del movimiento vecinal, se articulan en las Primeras Jornadas de Mujer en Euskadi, realizadas durante diciembre de aquel año. Renovadas formas que complejizan el panorama obrero-vecinal, para incluir la defensa de otros modos de mirar y sentir la vida, más allá de las aspiraciones nacionales o de clase.

A esta irrupción de nuevos modos de hacer y comprender la labor política también contribuye el clima internacional. El empuje del movimiento antinuclear en la vecina Francia desde el año 75 con la multiplicación de comités locales, así como la potencia de la oposición militante al complejo nuclear y militar en suelo alemán, se unen a los ecos de los enfrentamientos de Malville, donde jóvenes activistas antinucleares se enfrentan a la gendarmería, con el resultado de un manifestante muerto y varios heridos graves.

Este clima alternativo del último trimestre de 1977 (en el que la emergencia de nuevas sensibilidades de lucha ya no pueden ser recogidas en el seno del movimiento vecinal) coincide con una buscada distancia con las estructuras partidarias y con una conciencia de la potencia de la movilización popular, y en esta senda surgen los Comités Antinucleares, estructuras de base asamblearia y de vocación unitaria, donde tienen cabida todas aquellas sensibilidades políticas unidas por un objetivo común, la paralización de la central de Lemóniz y del resto de las proyectadas.

Su buscada independencia de los partidos políticos acentúa su vocación movilizatoria, sabe recoger de inmediato los empujes activistas que se habían condensado en la consecución de la amnistía así como englobar al complejo alternativo, por lo que el modelo organizativo se asienta en toda la geografía vasca.

Los ejes de la campaña de los nuevos Comités Antinucleares giran sobre tres puntos fuerza. El primero sigue incidiendo en los temas ya abonados por el movimiento vecinal, las irregularidades administrativas y los riesgos para la población metropolitana, pero abundando especialmente en la implicación de las empresas eléctricas en el entramado oligárquico del capitalismo autóctono.

El segundo eje será la dependencia energética que estas tecnologías ocasionan de las multinacionales del sector eléctrico, destacando la imposibilidad de una gestión local de engendro semjante y de los residuos que éste ocasionaría.

El tercero destaca el régimen de control policial que requiere la tecnología nuclear tanto por su origen militar como por la peligrosidad intrínseca de ésta.

Del desarrollo del trabajo de estos nuevos comités locales sobre estos tres ejes surgirá un anticapitalismo autóctono y asambleario, integrado mayormente por jóvenes. La crítica de la prepotencia empresarial pasa a ser un anticapitalismo que desconfía de la legalidad, y se apoya en la acción directa. La dependencia del modelo nuclear, común a los dos sistemas económicos vigentes, se torna en una defensa de nuevos modelos energéticos y políticos que posibiliten la autogestión comunitaria. La denuncia del control policial pasa a ser el rechazo a un modelo social autoritario y la búsqueda de nuevos modos de relación basados en la descentralización. Y la independencia de las estructuras de los partidos junto con la relación cotidiana con los nuevas sensibilidades alternativas afianzan el modelo asambleario.

Esta nueva etapa, que queda abierta con el nuevo régimen democrático, se caracterizará entonces por la emergencia de un nuevo modelo organizativo y por una renovación de los discursos de oposición a las centrales nucleares. A partir de entonces, junto a la oposición vecinal se colocará un nuevo movimiento popular que sabrá integrar las aspiraciones del nacionalismo revolucionario para la causa antinuclear, a la par que irá constituyendo una conciencia ecológica basada en una crítica radical y local, unida indefectiblemente con el propio proceso movilizatorio.

Los hechos represivos en estos nuevos tiempos y las actividades de los grupos armados, también van aportando sus tonalidades al nuevo contingente antinuclear.

La vuelta simultánea de las organizaciones armadas a sus labores (tras sus reajustes internos fruto de los procesos de debate ante los avances legales del nuevo régimen y el acople de los reincorporados merced a la amnistía) se traduce en un redoblar de sus actividades que también toman como punto de mira la paralización de la central.

En paralelo a la irrupción de los Comités Antinucleares se produce la primera muerte en la central; en enero de 1978 un militante de ETA militar, vecino de Plencia (contigua a Lemóniz) agoniza tras un tiroteo a las puertas de la central en el que la Guardia Civil impide su pronta asistencia médica. La indignación popular para con aquel crimen policial añade nuevos tonos antirrepresivos a la protesta.

Dos meses después de este hecho, vuelve a realizarse una marcha contra la nuclear (esta vez por el sistema de columnas) que se van trenzando por el camino y que aseguran la participación territorial, agrupando de nuevo a un centenar de miles de personas junto al perímetro militarizado de la nuclear.

Cinco días después de esta movilización, dos trabajadores de la central mueren por el escape del reactor, causado por una carga explosiva que realiza un enorme boquete en el mismo. La empresa, alertada por los activistas, no comunica nada a sus trabajadores, ni procede a una evacuación preventiva del recinto, produciéndose de este modo aquellas muertes.

Tras el álgido verano del 78, se intenta reeditar la exitosa marcha en suelo gipuzkoano (para octubre) contra el proyecto de Deba, consiguiéndose reunir 15.000 personas.

Junto al modelo de demostraciones callejeras, se encontraba también la acción institucional que seguía tomando fuerza, una vez que las nuevas gestoras municipales tomaban el control de los ayuntamientos vascos, que se encontraban en un limbo legal, al no haber habido renovación electiva en los cargos municipales tras la caída del régimen franquista. Y a través del único diputado en las cortes madrileñas (conseguido por la fracción de la izquierda abertzale que había aceptado participar en las urnas) se presenta y desestima en diciembre una moción, preparada ya por el Comité Costa Vasca No Nuclear conjuntamente con los Comités Antinucleares, que exige una moratoria nuclear.

Para entonces, el titubeante Partido Nacionalista Vasco había dado el paso de avalar el nuevo orden democrático, realizando su primera movilización contra los colectivos de la izquierda vasca que contemplaban en sus presupuestos la lucha armada. La nueva constitución en ciernes abría posibilidades de gestión autonómica, que exigían contrapartidas de moderación y contención, incluida prescindir de su calculada ambigüedad (ocasionada por el rechazo popular) en el tema de las inversiones nucleares.

La ruleta atómica, destapa el gravísimo accidente de la central norteamericana de Three-Mile-Island del 28 de marzo de 1979, junto a la populosa ciudad norteamericana de Harrisburg. Una sucesión de olvidos y fallos en los sistemas de refrigeración del reactor ocasionan finalmente un mal menor durante aquel desastre, el escape de centenares de toneladas de agua altamente contaminada.

El accidente de Harrisburg reactiva la sensibilidad vecinal sobre las fundadas incógnitas a cerca de la imposibilidad de una evacuación del área metropolitana bilbaina ante un ya nada improbable accidente nuclear, juntándose de nuevo cien mil personas en Bilbao, esta vez con un nuevo lema: Euskadi o Lemóniz, que expresaba a las claras la incompatibilidad entre proyecto comunitario y nuclearista, situado ya el debate entre autosuficiencia y construcción de un nuevo modelo social o dependencia y régimen autoritario.

En este contexto, en el que se había conseguido trenzar alrededor de la confrontación antinuclear un discurso anticapitalista autóctono, se produce un nuevo asesinato. En el día internacional contra la energía nuclear que se realiza en la localidad navarra de Tudela (ubicación de la proyectada nueva central de Argetas) la Guardia Civil aborta la salida de la marcha y mata a una joven integrante de los comités antinucleares de Donostia. Acciones de denuncia de todo tipo y una huelga general repudiarán su muerte.

Y con ocasión de las ya tradicionales marchas veraniegas contra la central, en la que en esta ocasión son 20.000 personas las que se unen a la edición anual, los Comités Antinucleares junto con las asociaciones de vecinos, inician oficialmente una amplia campaña de desobediencia civil contra la empresa Iberduero. La iniciativa consistirá en la devolución bancaria de los recibos de la luz, junto a la elaboración de una instancia para la delegación provincial del Ministerio de Industria y Energía, exigiendo a ésta que aclare cuál es la cuantía del recibo impagado que contribuye a sufragar los gastos de la central.

La campaña de desobediencia tendrá un considerable eco, focalizándose los cortes de luz como represalia contra hogares de destacados miembros de la izquierda vasca. Aun y todo, este audaz plante desbordó la capacidad organizativa de los jóvenes comités, que no pudieron articular un servicio suficiente de asesoramiento y respuesta legal que fuera capaz de responder a las dudas y avatares de la avalancha de desobedientes. La cultura política de la desobediencia, de deslegitimación del hecho represivo mediante la proliferación de éste, era, con todo, de difícil encaje en un conflicto que comenzaba a tensarse y en el que las alianzas mutaban al compás de los acelerados tiempos políticos.

Para el año de 1980, el conflicto antinuclear entra así caldeado por las oposiciones de los cuatro años precedentes, sin que la empresa Iberduero ceje en su voluntad de poner en marcha la denostada central. Durante estos años, de una posición de poder (en la que los propietarios del emporio eléctrico eran a su vez miembros de la oligarquía financiera que sustentaba y encarnaba el régimen franquista) la empresa había pasado a tener como aliados a los nuevos partidos gestores de la joven democracia, que defendían los planes de desarrollo industrial en los que el suministro energético debía garantizarse a través de la energía atómica.

Además, la oposición antinuclear también había ido transformándose. De haber estado emparentada en sus orígenes con el pujante movimiento obrero y vecinal (movimientos contra los que la joven democracia había desplegado tanto la inflación como el sindicalismo en el caso del conflicto obrero y en el segundo de los casos, la cooptación de los cuadros del movimiento vecinal para los nuevos ayuntamientos democráticos creados en la primavera del 79) se había ido desplazando hacia los movimientos alternativos y el nacionalismo revolucionario, que practicaban una crítica radical al modelo de dependencia energética y seguían anclados en formas de agitación movilizatoria.

El pulso se mantenía, y las estrategias de moderación que los partidos de orden debían llevar a cabo no podían tener efecto ante la radicalización de la protesta antinuclear y anclaje en los movimientos populares de nuevo corte afianzados en el rechazo de la implantación del nuevo régimen.

La cuestión atómica, convertida ya en un problema de estado, optó desde aquel año explícitamente por la prueba de fuerza contra el conglomerado que componía el movimiento antinuclear, acelerando las obras de la central, que se encontraban ralentizadas por las estrategias de oposición.

Obstinación empresarial frente a intransigencia militante

Las actividades de oposición del movimiento antinuclear pasaron, tras el asesinato de Gladys (la joven militante abatida en Tudela), por una presión represiva que no pudo impedirlas, aunque ante el clima de hostigamiento replegaron sus cifras a una asistencia entre veinte y treinta mil personas, mientras en los esloganes de la mismas, se insistía en la legitimidad de la protesta y se insistía en público en la táctica de la desobediencia civil.

Sin embargo, en 1980, tras el anuncio de que el uranio iba a ser importado inminentemente y que pronto se pondría en marcha la central, se desata una frenética actividad antinuclear en toda la malla territorial vasca. Y el objetivo de la campaña de los Comités se adapta a la confrontación: de la paralización o la moratoria se pasa a exigir la demolición de los reactores.

Las iniciativas continúan su diversidad, abarcando los diferentes modos de la acción política. Desde la campaña de desobediencia civil, se continúa con la devolución de recibos de consumo eléctrico particular, convirtiendo de este modo una acción individual en un compromiso colectivo. Y desde la actividad institucional y al calor de la composición de los nuevos ayuntamientos se activa una exitosa campaña de declaraciones de desafección a la energía atómica de numerosas corporaciones locales.

En el campo de la movilización popular de calle, a la convocatorias de manifestaciones nacionales como la del 30 de mayo, se suceden los apagones colectivos locales, acompasados por cacerolazos. Y los comités locales realizan tomas de locales de la empresa Iberduero, sucediéndose las encerronas en oficinas ocupadas o en dependencias municipales.

A caballo entre la reivindicación comunitaria y festiva y la política de la petición se realizan manifiestos suscritos por personalidades referenciales contra la energía nuclear que son el preludio de grandes concentraciones reivindicativas, donde se aúna el discurso explícito con la jornada creativa y lúdica: son los Encuentros Populares de noviembre del 80.

Pero como ya se había avanzado, estas actividades de oposición, no quebraban la disposición de la empresa promotora que anuncia que uno de los dos reactores estaría terminado y en funcionamiento para marzo de 1981. Y es en este año cuando la prueba de fuerza, comienza a producir sus cadáveres, pero esta vez no solamente del bando de los manifestantes o trabajadores.

La cuestión de las actividades de agitación armada habían estado presentes en la oposición antinuclear desde sus inicios. Desde el mismo arranque de las obras, en 1974, contratas y maquinaria habían sido objetivo de acciones con explosivos, tanto en el entorno de la central de Lemóniz como en la proyectada de Deba. El número de acciones realizadas por las distintas organizaciones armadas relacionadas directamente con la empresa promotora de la central rondaban la veintena anual, mientras que otros tipos de violencia, la obrera o la popular, goteaban también incansables.

Sin embargo, el hecho incuestionable que durante el año de 1981 las acciones de los grupos profesionales aumentaran a más de una centena, unida esta circunstancia a la convulsión política que ocasionó el secuestro y posterior muerte del ingeniero jefe de la central en febrero, distorsiona y amplifica el papel que la violencia política tuvo en la oposición antinuclear.

Esta distorsión se apoya en que el secuestro del técnico (que procedía de la contestada central térmica de Santurce) dio tiempo material a que se coordinara una política espectacular que lo reconvertía en un trabajador víctima de la violencia sectaria. La ayuda en esta trama de los partidos de orden fue decisiva. Y el régimen, ante la rentabilidad política de un héroe atómico, decidió seguir en su obstinación, prescindiendo de las labores de mediación que sectores de la oposición antinuclear (nostálgicos de los tiempos de la moratoria nuclear) pretendían llevar a cabo. Sería el primero de los dos ingenieros jefes que morirían en el plazo aproximado de un año.

En un momento de la vida política española, en la que los enrocados franquistas podían prescindir de la tramoya democrática (como ocurriera con su escenificación de golpe de estado del 23-F), esta renovada prepotencia se trasladó también en febero mediante el «clan de las empresas eléctricas» a la crisis de Lemóniz y a su anunciada puesta en marcha. El secuestro y muerte del ingeniero (que ilustraba a las claras que la técnica nunca es neutra) fue de este modo el exponente espectacular del frente de intransigencia antinuclear ante la inercia chulesca de Iberduero.

Admitiendo la importancia del terror entre la clase técnica y de los cierres empresariales posteriores a las muertes de los dos ingenieros, la violencia como tal y en toda su diversidad siguió estando presente durante todo el conflicto y sería conveniente desgranarla ante el relato histórico producido desde las filas del nacionalismo revolucionario que ha magnificado la labor de su grupo afín, ETA militar, en este dilatado proceso.

Las acciones de los grupos armados, fueron sí de extrema importancia cuando la obstinación del régimen provocó la intransigencia de la nueva oposición antinuclear. Pero estas acciones no fueron privativas de ningún grupo (aunque la muerte de los dos mandos sea obra del mismo) sino que todos ellos actuaron en cada momento de crisis, siempre acordes a sus características internas. Tengamos en consideración, por ejemplo, las acciones explosivas de ETA político-militar, que se dirigían también contra la banca vasca socia de la empresa eléctrica y que solían estar acompañadas de un gran despliegue territorial, añadiendo a la carga simbólica del rechazo al proyecto nuclear en todo los territorios vascos, que precisaban labores con una infraestructura que se deducía amplia.

Los Comandos Autónomos, muy ligados al nuevo movimiento popular, que contribuyeron además con ataques a instalaciones de la empresa con medios semi-profesionales, se destacaron con una acción de respuesta al día siguiente del asesinato de la militante antinuclear, atacando las líneas de aprovisionamiento eléctrico de la central de Lemóniz.

O las del grupo Iraultza (de orientación maoísta, surgido en el 81) que realizó una interesante campaña contra diferentes firmas cuando la industria auxiliar de la central trató de condicionar al nuevo gobierno socialista para que retomara el proyecto nuclearista.

Pero aun así, recordar la diversidad de la autoría de los hechos armados seguiría siendo dar una preeminencia a la labor de los grupos especializados, subestimando la labor popular y obrera.

La violencia difusa, protagonizada por jóvenes de los nuevos movimientos surgidos tras la reforma, toma como blanco las instalaciones de la empresa Iberduero, cuya presencia en todo el territorio vasco y su diversidad de infraestructuras les hacía fácil blanco de la ira popular.

Estas acciones nunca reivindicadas (o bajo efímeros nombres) se extendieron durante aquellos años y se generalizaron cuando la intransigencia tuvo que emerger rotunda. Cuando la oposición antinuclear pasó a ser objeto de una calculada intolerancia represiva, las labores de los grupos de choque tras las manifestaciones o en los enfrentamientos en las convocatorias prohibidas fueron de capital importancia para demostrar la perseverancia de la potencia del movimiento antinuclear.

Y las labores de boicot de los propios trabajadores de la central son el tercer pilar siempre silenciado de la violencia contra la central.

Los trabajadores de Lemóniz, que perdieron a tres de sus miembros colateralmente a acciones de los grupos armados, practicaron una desafección a su puesto de trabajo, que se traducía en bajos ritmos de producción, extravíos de piezas y otras labores de entorpecimiento de la producción. Los grandes sueldos con los que la empresa pretendía acelerar los ritmos de construcción produjeron una clase obrera en el interior de la central consciente de la nocividad de su producción, que entorpeció todo lo que pudo.

Como ejemplo, el reactor que fue volado en el año 78, no pudo ser reparado durante dos años, al sumarse la negativa de los estibadores de diferentes puertos (no sólo los vascos, tampoco colaboraron los de Burdeos) a descargar las piezas de reparación importadas desde USA, junto con la deliberada torpeza de los de la central, cuestión que dilató un año la obra.

Componentes desaparecidos, plantes, y todo tipo de sabotajes en el sentido amplio del término, concluyen la descripción de una plantilla sui generis que aportó decisivamente en la ralentización de las obras de la central.

Aún así ni siquiera durante el crudo año del 81, el carácter festivo que acompañaba a las concentraciones antinucleares se disipó, ni la utilización mediática del factor violencia contribuyó al aislamiento de la oposición antiatómica.

Las Jornadas Internacionales Contra Lemóniz (que culminaron con una nueva marcha contra la central) desarrolladas a fines de agosto de aquel año contaron con un amplísimo elenco de artistas solidarios que representaban a todas las tendencias musicales de la contracultura, desde el rock urbano, el folk local hasta el lado rojo del flamenco. Estas exitosas jornadas fueron el esplendor del carácter más alternativo y creativo que cristalizaba alrededor de la lucha antinuclear, donde nuevos modos de sentir la vida se hacían paso ante los provincianos ojos de la izquierda local.

Una oposición intransigente cuyas convocatorias quedaban ya demasiadas veces bajo prohibición gubernativa y que debían realizarse a pesar de muy duras condiciones, mientras se alternaban con simulacros de accidente nuclear, nuevos apagones y otras tácticas de denuncia colectiva.

Así las cosas, para 1982, la dureza gubernativa y policial no había conseguido minimizar a los activistas antinucleares, mientras el redoble de los grupos armados continuaba acompasando la oposición militante pública.

En abril, se ensaya una nueva táctica gubernativa: se transfieren las competencias energéticas al nuevo gobierno autonómico vasco que ha de encarar el problema de la rechazada nuclear, convertida también ya en un problema de orden público.

Alineándose con la empresa Iberduero y por tanto con la necesidad de la construcción de la nuclear, se firma desde instancias regionales su próxima apertura para junio del 83, poniendo como condiciones previas las primeras reivindicaciones eximidas por la primera oposición a la central:

-realización de una auditoría sobre las posibles deficiencias y arbitrariedades en su construcción,

-elaboración de un plan de evacuación de emergencia en caso de accidente nuclear y

–celebración de un referéndum sobre su pertinencia.

Pronto, la pretendida desactivación autonómica de la oposición antinuclear mediante la asunción gubernativa de sus reivindicaciones tácticas se ve superada por los ritmos del propio conflicto: el gobierno central desautoriza la posibilidad de la celebración de una consulta popular y las actividades antinucleares prosiguen implacables tomando ahora como objetivo la administración regional, mientras ETA militar da muerte al ingeniero jefe suplente que decanta una nueva suspensión temporal de las obras.

La dureza represiva vuelve a las calles, impidiéndose por orden gubernativa los actos antinucleares y crispándose aún más el clima político, volviéndose así más palpable la inestabilidad que teñía los últimos meses del gobierno español de centro derecha.

Además, contrariamente a lo esperado, las actividades antinucleares lejos de caer en una espiral de violencia que les empobreciera, se ven reforzadas por el clima antibelicista que hace reflorecer a los primeros movimientos antinucleares y pacifistas europeos alrededor del rechazo a la implantación de los misiles yankees Pershing en sus bases europeas.

Un callejón sin salida para el proyecto nuclearista que hace retomar vía decreto al gobierno central las competencias sobre la central de Basordas en septiembre. Un mes antes de que el nuevo gobierno socialista, el encargado de culminar la transición política, económica y militar, celebre su inducido triunfo electoral.

Un gobierno socialista que, por encima de una política de declaraciones de continuidad nuclearista en suelo vasco que tenían como objeto mantener el pulso con unos desafiantes antinucleares (crecidos por los tradicionales titubeos socialistas locales y los flirteos ecologistas electoralistas de los estatales), optó primero por mantener el cierre empresarial provisional para, discretamente en octubre del 84, convertir la obligada moratoria en un cierre definitivo.

Memorandum

La primera oposición contra la central de Lemóniz y sus coetáneas en suelo vasco tuvo como principal motor al activo movimiento vecinal. Éste se movía según las tácticas que le habían dado victorias semejantes ante enemigos de igual calado: utilizar los argumentos administrativos y técnicos, mientras alternaba con una política de movilizaciones, para así lograr que las frágiles instituciones del postfranquismo optaran por desestimar los proyectos empresariales socialmente conflictivos.

Tras la instalación de las instituciones del nuevo régimen democrático, surge una oposición de nuevo cuño, consciente del poder de sus iniciativas de enfrentamiento, que va edificando una conciencia anticapitalista y asamblearia. La cuestión nuclear, con sus características tecnológicas que la hacían indisociable de un modelo social autoritario y dependiente, se convierte en acicate de crucial importancia para la imbricación entre los nuevos sentires alternativos y el acervo del nacionalismo revolucionario vasco.

En este contexto, las actividades de los grupos armados y de la violencia obrera y popular no constituyeron un salto ético del movimiento antinuclear, sino que la conciencia antirrepresiva y el uso de la violencia formaban también parte de los repertorios de aquella generación de lucha. El uso de la violencia convivió con prácticas clásicas de desobediencia civil, sin que ocasionara esquizofrenia alguna en el seno del movimiento.

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